El Ejecutivo busca incorporar en el Código Penal los denominados “ciberdelitos”, a fin subsanar las lagunas en los jueces originadas por los novedosos comportamientos delictivos a través del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

En la actualidad, es complicado para muchos jueces dictar sentencias con penas de cárcel por los ciberdelitos ya que estos no están precisados en el Código Penal.
Por ello, el Ejecutivo ha planteado incluir los ciberdelitos en el Código Penal, para lo cual ya envió un proyecto de ley al Congreso.

Estos ciberdelitos se refieren específicamente al fraude informático, suplantación de identidad, pornografía infantil, proposiciones por medios tecnológicos a niños con fines sexuales, y discriminación.

Contenido
El proyecto señala que se necesita incluir en el código los delitos “puramente informáticos”, los cuales atentan contra sistemas y datos informáticos que constituyen un bien jurídico moderno. Así, tendrá pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años, el que altera, borra o suprime datos o interfiere en un sistema informático.

Pero en el caso de que se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena de cárcel será no menor de cinco años ni mayor de 10 años.

Además, aquella persona que, mediante tecnologías de la información, suplanta la identidad de otra persona o empresa, siempre que eso genere perjuicio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

Coordinación
Con estos cambios se tendrán herramientas para sancionar delitos como la clonación de tarjetas y el “phishing” (suplantar a una empresa para obtener información).

El proyecto también quiere que la policía fortalezca coordinaciones con el Ministerio Público y con las Fiscalías para centralizar la información para una mejor persecución del delito.

Apunte
Erick Iriarte – Abogado especializado en nuevas tecnologías

El proyecto del Ejecutivo está tratando de actualizar una regulación que tiene 13 años, la cual no ha logrado poner en control el mal uso de las tecnologías. Pero lo que el Gobierno debe hacer primero es adherirse al Convenio de Budapest (primer tratado internacional sobre cibercriminalidad creado en el 2001), y después hacer los cambios normativos. Sin embargo, en este proyecto se quiere hacer al revés.

Pero también hay un detalle controversial, pues para algunos no se requiere precisar los delitos informáticos, pues, por ejemplo, si se trata de un fraude, eso ya está contemplado en la legislación, entonces cuestionan la tipificación de un delito explícito. Por eso creo que se están regulando sobre tecnología y no conductas.