Río Grande (AP).— Las tierras de Río Grande de Nicaragua forman parte de un plan para construir, a un costo de US$ 50,000 millones, una vía interoceánica, cuyas labores deben comenzar el lunes.

Las autoridades nicaragüenses comenzarán a construir carreteras de acceso en terrenos del gobierno como primer paso para crear un canal que se espera compita con el de Panamá, un proyecto que sus partidarios dicen dará empleo a 50,000 personas e impulsará significativamente la economía del país.

Sin embargo, los agricultores afirma que lucharán “hasta el último suspiro” para proteger sus tierras, pero sin tomar si los propietarios se alzan en armas o no, el gobierno de Nicaragua insiste en que está decidido a seguir adelante.

El proyecto contempla crear una enorme vía acuática sobre lo que es ahora el poblado de Río Grande, una comunidad evangélica de 2,000 personas con una carretera de tierra en medio de campos de maíz, frijoles, plátanos y sorgo. Todo en un radio de 10 kilómetros (6 millas) quedaría sujeto a expropiación.

Sin embargo, el proyecto, que los opositores califican de un sueño irrealizable del presidente Daniel Ortega, está provocando una furia cada vez mayor.

Muchos se quejan de que Ortega ha dado demasiado a HKND, la compañía de Hong Kong que construirá y operará el canal. Los dueños de tierra temen que los desplazarán sin una compensación justa.

Los ambientalistas acusan al gobierno de saltarse revisiones obligatorias y de ignorar la amenaza que el tráfico de carga significará para el lago Nicaragua, la principal fuente de agua potable del país.

Hace unas semanas, los vecinos de Obrajuelo, un tranquilo poblado de pescadores en las orillas del Lago Nicaragua, apedrearon un vehículo en que iba un grupo de técnicos chinos enviados a hacer un estudio del terreno. El día siguiente quemaron neumáticos en la carreta Panamericana, bloqueándola varias horas.

El 10 de diciembre, unas 5,000 personas marcharon por la capital, Managua. Aunque los manifestantes se quejaron de que la policía bloqueó a los opositores al canal que trataban de llegar desde el interior, observadores dijeron que fue la mayor manifestación contra el gobierno en varios años.

Esa oposición política es algo muy poco común en un país donde el Partido Sandinista de Ortega domina todo el gobierno y el presidente y su esposa, la poderosa jefa de comunicaciones, mantienen fuertemente controlada cualquier muestra de disensión.

“Lo que muestra es que una parte significativa del pueblo nicaragüense no acepta el proyecto del canal”, dijo el economista Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller nicaragüense y antiguo embajador en Estados Unidos. “Una manifestación de ese tamaño, a pesar de los impedimentos que se le pusieron, muestra que en este caso el gobierno está jugando con fuego”, agregó.

El canal, que se proyecta tenga unos 278 kilómetros (173 millas) y vaya desde el Caribe hasta el Pacífico, sería la realización de un sueño que se ha estudiado y descartado varias veces desde principios de los años 1800. Los que respaldan el plan dicen que sacaría a muchos de la pobreza en el segundo país más pobre de las Américas.

El año pasado, aliados de Ortega en el Congreso aceleraron en la Asamblea Nacional la ley que otorgó a HKND una concesión a 50 años, renovable por otros 50, para construir y operar el canal, a cambio de un pago de 10 millones dólares al año una vez que esté en operaciones. La ley permite a HKND desarrollar proyectos secundarios —puertos, un aeropuerto, carreteras, un ferrocarril— incluso si el canal no se llega a construir.

HKND contrató a una respetada firma británica de asesoría, Environmental Resources Management (ERM), hace aproximadamente un año para evaluar el impacto ambiental y social de un proyecto que se espera desplace a unas 29.000 personas.

A finales de julio, dos semanas después que HKND la ruta preferida para el canal, ERM realizó reuniones comunitarias en siete ciudades durante 10 días, según un documento en el portal de HKND.