Ricardo Velazco
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El proyecto de ley, sobre el funcionamiento de empresas de seguridad privada, que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil está desarrollando para presentarlo a la Comisión de Defensa no habría acogido las demandas y reclamos de importante sector del mercado.

De acuerdo con el reporte de agosto de la propia Sucamec, actualmente habría unas 900 empresas a nivel nacional brindando servicios de traslado, custodia y vigilancia bajo sistemas cerrados y con personal de confianza.

El personal disponible para este negocio se cuenta en casi 150 mil agentes de seguridad.

“En realidad el cambio en la normativa es simplemente cosmético”, explicó Julio Gómez, secretario general de la Asociación Nacional de empresas y Especialistas en Seguridad Privada del Perú (Aneespp).

Esta sociedad agrupa a las pequeñas y medianas empresas de seguridad, que manejan un 60% del sector.

El agremiado denunció que “las restricciones que se establecen en la norma actualmente, que son bastantes grandes, y no permiten nuestro normal desarrollo, se reproducen en la nueva normativa. Existe cambio de terminologías, de situaciones, transposición de figuras, pero en realidad las restricciones son las mismas”.

El mayor peligro se manifiesta en casi la mitad de empresas que están repartidas en provincias y son unas 450 aproximadamente.

Para Gómez, unas 200 de este grupo quebrarían o pasarían a funcionar informalmente debido a la severidad de las restricciones.

Sin palabras
En mayo de este año, la Anneespp realizó un plantón frente a la Sucamec por la poca comunicación que tenían con la institución. Representantes de este organismo convocaron reuniones entonces para descongelar las relaciones.

Sin embargo, siete meses después, la Sucamec ha mantenido su lejanía de quienes son sus usuarios.

“Ellos no han establecido una política de puertas abiertas de manera integral”, reclamó Gómez. Además, agrega que el acercamiento fue tibio. Este año sólo se vieron las caras tres veces.

Sin embargo, hace pocos días, la Aneespp se reunió con la Sociedad Nacional de Seguridad (SNS), que representa a las empresas de seguridad con gran facturación o pertenecientes a corporaciones multinacionales. Entre 5 o 6 de estas empresas manejan un 40% del mercado en total.

La reunión inicial entre la Aneespp y la SNS se dio con la visión de efectuar un proyecto alterno que mejore el planteamiento de las Sucamec y defienda los intereses de las empresas.

Beneficiados
Para Julio Gómez, el mantener la ley con las restricciones intactas solo sería aprovechado por un grupo del sector de armas. Y no precisamente el que abarca mayor número de empresas.

“Esto obedece a una restricción evidentemente política de restringir el uso de armamentos, y hasta se podría decir económica”, indica el empresario.

Dentro del mundo de estas 900 empresas, se cree que se pretende beneficiar directamente a las empresas más grandes, mediante la quiebra de negocios de custodia pequeños y medianos.

Gómez cuenta que la SNS siempre ha estado en buenas relaciones con la Sucamec. Incluso representantes de ambos lados suelen reunirse todos los jueves para discutir tópicos coyunturales.

Se sabe que el congresista Ángel Neyra ha tomado interés en el asunto y ha recogido algunos reclamos de los gremios, pero la Anneespp estaría buscando a algún miembro de la Comisión de defensa para que un texto alternativo de la norma pueda llegar a debatirse en el Parlamento.

“Yo no puedo desarrollar mi negocio, ni generar intereses, ni generar puestos de trabajo si es que la Sucamec no me permite utilizar las herramientas con las que hacer mi trabajo. Es cuestión de supervivencia”, concluye el agremiado.

Gestión intentó contactarse más de una vez con Luis Fischer, presidente de la SNS, pero nunca nos devolvió la llamada para confirmarnos una entrevista.