AFP.- La Fiscalía venezolana imputó a un general de la Fuerza Armada por supuestas violaciones de derechos humanos durante casi tres meses de protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro, informó el organismo este jueves.
El general Antonio Benavides Torres, quien hasta el 20 de junio fue comandante de la Guardia Nacional, enfrenta cargos por “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, según un boletín del Ministerio Público.
El oficial deberá comparecer a una audiencia el próximo jueves. En un principio la cita era para el miércoles 5 de julio, pero como ese día es feriado en Venezuela (declaración de independencia), la Fiscalía la cambió para el jueves.
Se trata del militar de más alto rango que es sindicado por presuntos abusos durante manifestaciones en las cuales, según el Ministerio Público, murieron 23 personas presuntamente a manos de policías y militares.
Benavides Torres fue relevado del cargo por Maduro un día después de la muerte de Fabián Urbina, un manifestante de 17 años a quien un militar disparó a quemarropa en medio de una protesta cerca de la base aérea La Carlota, en Caracas.
La Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza Armada, y la Policía Nacional son las dos instituciones encargadas de contener las protestas que dejan 81 muertos y cientos de heridos y detenidos.
La oposición señala a Benavides Torres y al ministro de Interior, general Néstor Reverol, de ser los mayores “represores” en las movilizaciones que exigen la salida de Maduro mediante elecciones generales.
El mandatario socialista puso a Benavides Torres al frente de una entidad pública de la capital.
Al anunciar su imputación, la Fiscalía informó que realiza 450 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales, incluidas lesiones causadas por las fuerzas de seguridad a 853 personas.
También se ha “evidenciado el uso excesivo de la fuerza en el empleo de armas de fuego no autorizadas, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad”, añadió el ente investigador.
El miércoles, la fiscal general, Luisa Ortega, denunció que en Venezuela hay “terrorismo de Estado”, en una de sus más duras afirmaciones en medio de un enfrentamiento con el gobierno, del que se alejó tras años de línea oficialista.
Ortega asegura que Maduro rompió el orden constitucional al convocar una Asamblea Constituyente sin previa consulta en referendo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- citó a la funcionaria el próximo martes a una audiencia que decidirá si autoriza enjuiciarla por faltas en el cargo, como sostiene el gobierno.
