Fiscalía francesa estima que no hay suficientes pruebas para condenar a jefa del FMI

La fiscalía se había pronunciado en contra de la celebración de este juicio. Al contrario, los jueces de la corte habían estimado que Lagarde debía responder por su “precipitación” y “negligencia”.

Christine Lagarde, directora del FMI, durante su audiencia en París. (Ilustración: AFP).
Christine Lagarde, directora del FMI, durante su audiencia en París. (Ilustración: AFP).

AFP.- El fiscal francés Jean-Claude Marin estimó que las condiciones para condenar a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, por una presunta negligencia que originó un importante desvío de dinero público cuando era ministra de Economía de Francia “no estaban reunidas”.

“Las audiencias no aportaron las pruebas de una acusación que es frágil”, estimó el representante del ministerio público en un alegato ante una corte de París.

Para Marin, hay que diferenciar la “negligencia penal” con una “mala decisión política”.

La fiscalía se había pronunciado en contra de la celebración de este juicio. Al contrario, los jueces de la corte habían estimado que Lagarde debía responder por su “precipitación” y “negligencia”.

En el 2007, cuando era ministra de Economía de Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde validó la decisión de recurrir a un arbitraje privado para resolver un antiguo conflicto entre el empresario Bernard Tapie y el banco público Crédit Lyonnais, en contra del criterio de un órgano consultivo.

Un año después, Lagarde renunció a apelar la sentencia de este órgano, que luego fue anulada por fraude, en la que se otorgaba a Tapie más de 400 millones de euros en compensación, provenientes de fondos públicos, incluyendo 45 millones de euros por daño moral.

Los investigadores reprochan a Lagarde haber delegado a sus colaboradores varias decisiones sobre este arbitraje e ignorado las alertas de algunos servicios del ministerio de Economía.

El delito de “negligencia” al origen de desvío de dinero público por una persona que representa “la autoridad pública” es castigado con una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 15,000 euros.

La Corte de Justicia de la República (CJR), una jurisdicción excepcional creada con el propósito de juzgar a los ministros y exministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, deberá anunciar su decisión el lunes.

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