La Fiscalía decidió archivar denuncia por esterilizaciones forzadas por no encontrarse delito de lesa humanidad, ni autoría mediata.
La resolución, emitida por la fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, establece que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el derecho internacional, las esterilizaciones respondieron a una política de Estado, pero no estuvieron destinadas a violar derechos humanos.
Organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que se denuncie al expresidente Alberto Fujimori y a su exministro de Salud (Alejandro Aguinaga) por las esterilizaciones forzadas realizadas durante su gobierno al considerarlas un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo con la organización Demus e integrante de la campaña “Somos 2,074 y muchas más”, las esterilizaciones forzadas se planificaron desde el Ministerio de salud y los ministros de la época mantuvieron al tanto al expresidente sobre sus alcances, además de las metas obligatorias impuestas al personal de salud.
Datos
Durante el gobierno de Fujimori, entre 1990 y 2000, se esterilizaron a 22,004 varones y 272,028 mujeres, casi en su totalidad pobres, quechuahablantes y de zonas rurales.
