(Reuters).- Los fiscales argentinos siempre han precisado nervios de acero para investigar a funcionarios de alto rango, grandes empresarios y criminales: amenazas de secuestro a sus hijos, chantaje e intentos de removerlos son parte de lo que deben enfrentar por su trabajo.

Pero la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, la noche previa a que declarara sobre sus acusaciones contra la presidenta Cristina Fernández de que intentó desviar su investigación sobre un ataque terrorista, conmocionó incluso a los más duros.

Algunos dicen que esto puso en evidencia la arraigada cultura de intimidación e intromisión en las cortes argentinas.

“Se han disparado tiros a mi casa. Intentaron secuestrar a mis hijos, llenaron mi auto con boyas de pescar y amenazaron a mis padres”, dijo el fiscal Carlos Rívolo sobre sus investigaciones pasadas a funcionarios de alto rango.

“Pero hasta ahora no había habido ninguna muerte”, agregó.

Rívolo es parte de un grupo de fiscales que frecuentemente ha tenido disputas con el Gobierno y que ha convocado a una marcha de silencio en Buenos Aires el 18 de febrero para honrar a Nisman.

Casi cuatro semanas después de su muerte, todavía no se sabe si Nisman, que tenía dos hijas, se disparo en la cabeza o si fue asesinado.

El fiscal había acusado a Fernández de intentar encubrir la supuesta participación de Irán en el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994, en el que murieron 85 personas.

Él advirtió a algunos amigos que podría ser asesinado por su trabajo y su muerte ha tenido repercusiones en toda Argentina.

Abundan las teorías conspirativas y algunas apuntan a Fernández.

La presidenta, sin embargo, culpa a ex agentes de inteligencia quienes, según Fernández, engañaron a Nisman para que presente las acusaciones como parte de una campaña en su contra y que lo mataron cuando ya no les era de utilidad.

“Independientemente de quién lo hizo, esta es la más escandalosa muerte política que hemos tenido en 30 años, y es por eso que todos están tan molestos”, dijo un fiscal que pidió no ser identificado.

Los organizadores de la marcha de la próxima semana dicen que no será política, pero rápidamente se está convirtiendo en una plataforma de quejas sobre la intimidación contra fiscales y jueces.

“El caso Nisman es el primero de su tipo pero puede no ser el último”, dijo el fiscal Carlos Stonelli. Él le solicitó al Gobierno garantizar que los investigadores puedan trabajar “con seguridad e independencia, incluso cuando lo está investigando”.

Cuando se designa a los fiscales para investigar, frecuentemente resultan intimidados y los casos se cierran.

“Claramente hay una gran intromisión en los casos de alto perfil político”, dijo una fuente diplomática.

Las encuestas muestran que una gran mayoría de los argentinos dicen que nunca se sabrá la verdad acerca de la muerte de Nisman.