AFP.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acusó este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de bloquear la investigación de funcionarios que supuestamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

“Citamos a personas por el tema Odebrecht y el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia para impedir que el Ministerio Público ejerza la persecución penal contra involucrados en el caso”, afirmó Ortega en llamada telefónica a la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), en Buenos Aires.

Ortega no acudió a la cita, en la que se trató la situación del Ministerio Público venezolano, porque la máxima corte le prohibió salir del país, mientras evalúa si la somete a un juicio por supuestamente “mentir” al afirmar que no aprobó la designación de 33 magistrados, que la funcionaria considera “ilegítima”.

La fiscal, confesa chavista convertida en dura crítica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, aseguró que el TSJ -señalado de favorecer al gobierno- bloquea las actuaciones de la Fiscalía desde que el pasado 31 de marzo ella se pronunció contra sentencias que anularon facultades del Legislativo, de mayoría opositora.

El Ministerio Público citó el miércoles para imputar por el caso Odebrecht a la esposa y la suegra del diputado Haiman El Troudi, exministro de varias carteras durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y de la actual gestión.

Sin embargo, el TSJ decidió luego que la Fiscalía solo podrá imputar frente a jueces de control.

“Si el Ministerio Público pide medida privativa de libertad y el tribunal ordena que no hay motivos (…), lo han hecho en los casos de corrupción”, aseguró la abogada de 59 años, quien prometió que serían varios los citados por el caso.

En febrero pasado la Fiscalía ordenó congelar cuentas y activos de Odebrecht en Venezuela y solicitó el código rojo de Interpol para uno de los involucrados, sin precisar su nombre.

El expresidente de la gigantesca constructora, Marcelo Odebrecht, declaró que Venezuela es el segundo país latinoamericano en el que la empresa pagó más sobornos (98 millones de dólares), solo por detrás de Brasil.