En los próximos días, la fiscal Marita Barreto Rivera, solicitará la desacumulación de los procesos contra 40 presuntos integrantes del denominado Clan Orellana, a fin de proceder a la acusación fiscal y el inicio del juicio oral en su contra.

La medida constituye, explicó la magistrada, la manera más eficaz para culminar esos casos y permitir al Ministerio Público formular un pronunciamiento final, dado que existen elementos suficientes para pedir su juzgamiento.

“Solicitaremos la desacumulación al juez de investigación preparatoria, dado que, en dichos casos, ya no existen más diligencias que realizar por lo que no se requiere esperar los dos años adicionales que por ley le corresponde a la Fiscalía para completar la investigación preparatoria”, especificó la fiscal Barreto, quien recordó que aún se encuentra dentro del plazo legal de investigación.

La representante del Ministerio Público recordó que el caso de la investigación contra la red criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana, inicialmente involucraba a 20 personas, pero que en el camino se ha identificado a cerca de 400 personas entre funcionarios, magistrados, empresarios y notarios, lo que hace que la investigación sea compleja y que constituya un megaproceso.

Además, descartó que exista demora en la investigación, precisando que al ser un caso complejo, la investigación preparatoria tiene un plazo de 36 meses, prorrogables a 36 meses más de acuerdo a la ley.

Avances
La fiscal Barreto informó que, en lo que va del proceso, se han incautado 106 inmuebles valorizados en US$ 200 millones y 43 autos de lujo en buen estado, así como S/ 10 millones en efectivo y joyas.

Sostuvo que se han obtenido 21 medidas cautelares y se han identificado S/ 131 millones en cartas finanzas que emitió Orellana a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), entidad que habría estafado al Estado.

De otro lado, indicó que hay más de 25 detenidos con prisión preventiva, entre los que se encuentran magistrados y miembros de la Policía Nacional, entre otros.

La magistrada manifestó que, pese a las diversas dificultades de índole presupuestal, logístico y procesal, se ha avanzado muchísimo. “Hemos avanzado a paso firme y la sociedad tiene que estar tranquila porque el Ministerio Público está cumpliendo su función”, concluyó.