Tal como lo adelantó Gestión, la Comisión de Constitución inició ayer el debate del dictamen que busca retener las utilidades de las exsocias de Odebrecht para asegurar el pago de la reparación civil.

La norma en mención, que modifica el Decreto de Urgencia N° 003, no incluye a las firmas peruanas que formaron consorcios con la constructora brasileña en diversos proyectos de inversión, pese al pedido expreso de varios legisladores.

El proyecto de ley original, impulsado por Karina Beteta, sí impedía a las que fueron socias de Odebrecht contratar con el Estado; sin embargo, luego de algunas discusiones, la legisladora dio marcha atrás y modificó la finalidad de su norma.

Pese a esto, varios legisladores, durante el debate, insistieron al presidente del grupo de trabajo, Miguel Torres, que se regrese al proyecto de ley original y que estas firmas peruanas sean comprendidas en el dictamen.
No obstante, el legislador fujimorista ya había tomado una decisión: solo se les retendrán las utilidades, por el momento.

Impunes
El vocero de Acción Popular, Yonhy Lescano, recordó las declaraciones que dio el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ante la Fiscalía, en donde aseguró que las empresas peruanas que participaron en la Interoceánica Sur (Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA) sabían de los actos ilícitos perpetrados por la constructora brasileña.

“En ese punto, sería bueno comprender a estas empresas, porque de lo contrario quedarán impunes, seguirán contratando con el Estado y no les va a pasar nada”, reiteró.

Por su parte, el legislador Mario Canzio, del Frente Amplio, insistió en que es prácticamente imposible que estas firmas no hayan conocido las acciones de su socio (Odebrecht), por lo que consideró que deberían ser incluidas en la norma.

“De acuerdo al dictamen, estas empresas tienen opción de denunciar estos hechos y separarse del consorcio, y si no lo hacen, se estarían convirtiendo en cómplices. Es absurdo pensar que si los colocamos en el art. N° 2 estaríamos violando sus derechos”, aseveró.

Línea delgada
En respuesta, Miguel Torres aclaró que si bien estas empresas peruanas no están incluidas dentro de los alcances del decreto, sí se les podrá retener estos pagos, que irán directamente a un fideicomiso.

“Se está estableciendo que aquellos socios o consorciados que hayan participado de alguna obra en donde se reconoció expresamente que hubo un acto de corrupción, se les aplicará una retención, tal como se le hace a Odebrecht”, anotó.

El congresista dijo que en este tema hay una línea delgada, por lo que se está actuando con responsabilidad para evitar cualquier denuncia de violación al principio de inocencia que tienen estas empresas.

“Por el momento, lo más proporcional es ir hacia el tema de la retención específica y que quede pendiente la aplicación de todos los demás extremos del decreto de urgencia a estas firmas, solo si es que tenemos una confesión por parte de ellas o una condena expresa”, remarcó.

Supervisoras
Ante el pedido de Yonhy Lescano, el titular de la Comisión de Constitución informó que el Estado peruano supervisará directamente el uso de los pagos retenidos a estas firmas peruanas, que irán a un fideicomiso, y ya no se contratará a una empresa supervisora para tal efecto.

Por último, Torres recalcó que todas las sugerencias de los congresistas serán añadidas en el nuevo dictamen que elaborarán en estos días y será puesto a votación el próximo martes.