Eduardo Vega, defensor del Pueblo en funciones, trabaja en esta institución desde su creación, hace 19 años. Señala que entre las características que se han mantenido en el tiempo están la autonomía frente al poder de turno, la cercanía a la ciudadanía y la continuidad de los programas. Asimismo, ha observado la evolución y los cambios de las quejas que presentan los ciudadanos ante la Defensoría del Pueblo.
Desde los inicios de la Defensoría sus reportes daban cuenta de que la institución con más quejas era la ONP. ¿Esto ha cambiado?
Por muchos años, la ONP acaparó ese mayor número de quejas, pero eso ha ido cambiando en los últimos dos o tres años. Los que aparecen ahora en primer lugar son los municipios.
¿Y cuáles son las quejas que reciben sobre ellos?
Básicamente, por falta de transparencia, cobros indebidos, demoras en las licencias o, en general, por no realizar bien los servicios propios de los municipios, como el recojo de la basura o el mantenimiento de obras públicas.
¿Y la ONP en qué lugar está?
En segundo lugar, pero con un cambio sustantivo. Primero era por las demoras en el otorgamiento de pensiones, ahora, básicamente, es por el traslado del sistema privado de pensiones al sistema público de pensiones. Tenemos una comunicación fluida con la ONP para tratar de resolver los casos con mayor celeridad.
¿Y en tercer lugar?
En tercer y cuarto lugar, lamentablemente, siempre figuran el sector educación y salud. En este último caso, las quejas centrales las resumiría en la atención que se brinda. La demora en las citas, en las operaciones. Hay déficit en la atención de emergencias.
¿A qué atribuye esta falta de cambio?
Cuando se cambia de autoridad no continúa con lo que hizo su antecesor. Se requiere aplicar políticas de fondo y realizar medidas concretas. Un ejemplo de que sí puede haber cambios es la ONP.
Conflictos sociales
Los conflictos sociales si bien han disminuido ahora parecen tener una mejor organización…
Por once años consecutivos estamos emitiendo el reporte mensual de conflictividad. En el último año, las cifras se han mantenido más o menos estables. En la suma y resta la conflictividad se ha mantenido entre 210 y 213.
¿En este Gobierno han disminuido?
El anterior terminó en cerca de 234 conflictos, luego hubo el descenso y ahora el mantenimiento.
¿Por qué no han seguido aminorando?
La disminución tendría tres elementos claves: la oficina de conflictos sociales se extendió mucho más y pudo armar oficinas en zonas donde la conflictividad era mayor. Se actuó más preventivamente y, en tercer lugar, se fueron afinando los mecanismos de diálogo, pero hemos notado que en los últimos meses eso ha ido decayendo. Es necesario retomar la actividad preventiva.
¿Se ha dejado de lado el diálogo?
Las comunidades campesinas saben que cuando el diálogo es sincero, fructífero, efectivamente van a poder resolver sus problemas, pero cuando muchas veces sienten que solo es una forma de ganar tiempo se deslegitima.
En el caso de Tía María se ha visto que personas ajenas a Islay han ido a protestar…
Se han visto situaciones que demuestran que hay una cierta articulación de algunas personas. Pero esa articulación no deslegitima la demanda concreta de lo que ha significado Tía María.
¿Pero no hace que varíe la situación?
Hay antecedentes de un comportamiento determinado de la empresa. El hecho de que una institución independiente como la Unops haya encontrado 138 observaciones, llevó a que se diera marcha atrás y se hiciera un segundo EIA.
Pero eso no ha bastado…
El tema ya es social, el Estado no ha intervenido con todas sus herramientas para poder decir aquí también hay una agenda de desarrollo social. Todos esos factores hacen en este momento que el proyecto, en mi opinión, sea inviable socialmente hablando.
“Toda persona pública tiene la obligación de responder”
Al ser consultado si es que han recibido alguna queja del presidente Ollanta Humala o Nadine Heredia por las indagaciones que realiza el Congreso, Vega indicó que, a la fecha, no ha llegado alguna. “Pero, obviamente, como para cualquier ciudadano, las puertas están abiertas”. Agregó que se haría la evaluación previo estudio de la documentación que se presente.
Sobre la queja que presentó Alan García cuando era investigado por la megacomisión, recordó que en dicho caso se señaló que no había sido notificado de manera previa y detallada con los cargos que se le imputaban para responder, pero que eso no significaba que no debiera declarar. “Toda persona pública está en la obligación de poder responder y esclarecer situaciones en las que se cuestione su actuación pública”.
EL DATO
Reforma electoral. Para el defensor del Pueblo, no existe la voluntad de los legisladores para aprobar la reforma electoral. Pese a ello les invocó a aprovechar una oportunidad para hacerlo.
