(Bloomberg).- Estados Unidos revocó decenas de miles de visas de personas después que el presidente Donald Trump prohibió la entrada al país de personas provenientes de siete países del Oriente Medio, lo cual desencadenó protestas en todo el país y decenas de demandas.
El número de visas, que se requieren para viajar a Estados Unidos, es de menos de 60,000, dijo Will Cocks, portavoz de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Hizo su comentario después que Erez Reuveni, un abogado gubernamental, dijo en una corte federal este viernes que la cifra era de más de 100,000 visas. Cuando se le preguntó sobre el asunto, Sean Spicer, portavoz de Trump, dijo: “No tengo detalles en este momento”.
El abogado habló en una audiencia en Alexandria, Virginia, donde un juez federal falló que el estado puede tomar la iniciativa en un juicio civil donde se sostiene que la prohibición de viajes de Trump es inconstitucional y daña a residentes y visitantes.
Asimismo, la jueza federal de distrito Leonie Brinkema extendió hasta el 10 de febrero una restricción temporal que impide al Gobierno federal aplicar la prohibición del presidente.
El edicto del presidente Trump, firmado sin notificación previa el 27 de enero, creó un caos en los aeropuertos de todo Estados Unidos cuando viajeros de los países afectados que ya estaban en camino a Estados Unidos se enteraron al aterrizar de que no podían dejar el aeropuerto.
Algunas de esas personas eran residentes legales en Estados Unidos que tenían la llamada “green card”, o tarjeta verde, así como visas que les permitían trabajar. A algunos de los visitantes se les pidió que volvieran a sus puntos de origen al tiempo que surgían protestas espontáneas en las terminales internacionales.
“Nunca vi un desbordamiento público tan grande como en este caso”, manifestó Brinkema. “La gente está realmente trastornada”, agregó.
Postura gubernamental
Greg Chen, director de defensa de la American Immigration Law Association, llamó a las medidas “un ataque general del Gobierno de Trump” a la inmigración, los primeros pasos de “una masiva campaña de deportación”.
También se iniciaron demandas judiciales contra el Gobierno de Trump en Brooklyn, Nueva York, Boston, Seattle y Los Ángeles, y los jueces de esas ciudades también indicaron al Gobierno que detuviera las deportaciones de personas que estaban legalmente en Estados Unidos.
Brinkema dijo que fallaría más adelante sobre el pedido del fiscal general de Virginia, Mark Herring, de una orden que exigiera al Gobierno de Trump que explicara lo que, según el demócrata, es una falta de obediencia inmediata al dictamen de la corte de que se suspendiera la medida.
Cerca de 721 viajeros de un millón de personas que llegaron a Estados Unidos se vieron afectados por el decreto de Trump en las 72 horas posteriores a su firma, según datos del sistema de Aduanas y Protección de Fronteras.
El general John F. Kelly, recién nombrado secretario del Departamento de Seguridad Nacional, ha dicho que el decreto de una duración de 90 días no se aplica a aquellos a los que ya se les ha otorgado el estatus de residencia legal en Estados Unidos.
