Bloomberg.- El fiscal general del estado de Washington que bloqueó la prohibición de viajes original del presidente Donald Trump se prepara para una nueva batalla sobre el decreto revisado que fue presentado hace tres días.

Fiel al estilo Trump, el último desafío a la autoridad de la Casa Blanca sobre inmigración no fue anunciado mediante una acción judicial ni en una conferencia de prensa, sino en una publicación en Twitter el jueves en la que el fiscal general, Bob Ferguson, defendió la Constitución estadounidense.

Al igual que con la primera prohibición de viajes del presidente que provocó decenas de demandas y fue suspendida por un tribunal federal, los fiscales estatales demócratas están liderando los esfuerzos por bloquear el nuevo plan de Trump para cumplir con su promesa de campaña de frenar la inmigración en nombre de la seguridad nacional.

Juez de Seattle

Esta vez, Hawái fue el primero en acudir a los tribunales, desafiando las restricciones revisadas de inmigración como discriminación religiosa contra los musulmanes.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que se unirá al esfuerzo de Ferguson minutos después de que el estado de Washington dijo que pedirá al juez de Seattle que bloqueó la prohibición original a nivel nacional que haga lo mismo con la nueva versión.

En contra de otra piedra angular de Trump, la ciudad de San Francisco está elevando su ataque a un decreto presidencial para retener el financiamiento de las ciudades santuario.

El tema común es si las órdenes ejecutivas de Trump violan la Constitución. En los casos de la prohibición de viaje, los demandantes tratarán de probar que los musulmanes están siendo individualizados, mientras que las ciudades santuario sostienen que el presidente ha desechado principios fundamentales del federalismo.

El resultado determinará a quién se le permitirá ingresar o permanecer en Estados Unidos, y quién podría quedar en el limbo.

“La única manera de detener esta progresión del poder ejecutivo injustificado es a través de litigios federales”, dijo Geoffrey Hoffman, director de la Clínica de Inmigración del Centro de Derecho de la Universidad de Houston.

“Así es como se controla al ejecutivo cuando hace varios intentos por eludir la Constitución. Estas son causas de acción extremadamente viables”, agregó.

Las acciones del miércoles y jueves se producen tras semanas de batallas judiciales en las que los defensores de los derechos civiles y los fiscales generales estatales han combatido la prohibición temporal de Trump a inmigrantes de un puñado de países mayormente musulmanes.

Después de ganar la primera ronda, esos funcionarios y organizaciones han estado separando las restricciones más limitadas de Trump a inmigrantes y refugiados mientras reflexionan sobre qué hacer antes de que la nueva política entre en vigor el 16 de marzo.

Trump ha acudido repetidamente a Twitter para denunciar las sentencias judiciales contra su prohibición original, incluyendo la decisión del 4 de febrero del juez de distrito de Estados Unidos James Robart que bloqueó la ejecución de la orden ejecutiva en todo el país.

“La opinión de este supuesto juez, que esencialmente priva al país de las fuerzas del orden, es ridícula y será anulada”, dijo Trump a sus 26.3 millones de seguidores. En cambio, un tribunal de apelaciones federal mantuvo en suspenso la prohibición de viaje.

“Uno no puede esgrimir con un tuit”, dijo la oficina de Ferguson el jueves en Twitter. “Eso no funciona en la corte”.

Ciudades santuario
El desafío más fuerte a las políticas de inmigración de Trump podría venir de San Francisco. La ciudad y un vecino de Silicon Valley, el condado de Santa Clara, están demandando a Trump por una orden ejecutiva que amenaza con recortar fondos a jurisdicciones que proveen refugio seguro para inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales.

El abogado de la ciudad, Dennis Herrera, pidió el miércoles a un juez que bloquee temporalmente la directiva del presidente, alegando que San Francisco podría perder hasta US$ 2,000 millones en fondos federales directos e indirectos si se aplica la política; mientras trata de armar un presupuesto equilibrado para su año fiscal a partir del 1 de julio.

“Con una firma, el Presidente Trump está tratando de incautar el poder de gasto que nuestra Constitución confía al Congreso”, dijo Herrera.

“Luego lo usa como un arma para intimidar ilegalmente ciudades y condados en todo el país, amenazando potencialmente el financiamiento para cosas como comidas y cuidado médico para personas mayores y familias de bajos ingresos”, comentó.

San Francisco está buscando una medida cautelar para impedir que el presidente retire fondos federales de la ciudad.