Cuando Dilma Rousseff, la Presidenta de Brasil, dio un discurso televisado por el Día Internacional de la Mujer, en algunos distritos era casi imposible escucharla. Miles de brasileños de clase media la eclipsaron golpeando cacerolas, una forma tradicional de protesta en los países vecinos. El panelaço (cacerolazo) de Brasil es nuevo.

Los brasileños tienen muchas cosas sobre las que reclamar, desde la economía hasta la austeridad fiscal, pero la principal molestia era el escándalo de Petrobras, la petrolera estatal. El 6 de marzo, la Corte Suprema aceptó investigar a 34 políticos activos, incluidos los líderes de ambas cámaras del Congreso, a quienes la fiscalía considera sospechosos de participar en una multimillonaria trama de sobornos.

Los dos son aliados del gobierno. Rousseff no está en la lista pero dirigió Petrobras a mediados de la década de 2000, cuando se desarrolló gran parte de la supuesta trama. El 15 de marzo, los brasileños planean manifestaciones en todo el país para exigir un juicio político en su contra.

La disconformidad de Brasil no es única en América Latina. En México, la desaparición de 43 estudiantes y su aparente asesinato por parte de narcotraficantes confabulados con la policía han incitado protestas desde septiembre. Las revelaciones sobre un trato por una casa entre la señora del Presidente Enrique Peña Nieto y una firma vinculada a un empresario que obtuvo licitaciones del gobierno se sumaron a la furia.

Las denuncias de que la Presidenta argentina, Cristina Fernández , y su fallecido marido y antecesor, Néstor Kirchner, se enriquecieron durante sus más de 10 años en el poder, también han provocado cacerolazos.

Ella niega cualquier irregularidad. El hijo de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recientemente renunció como jefe del área Sociocultural de la Presidencia tras acusaciones de tráfico de influencias. Su popularidad está en el nivel más bajo desde que ella volvió al poder.

La resistencia a la corrupción en América Latina ha tenido una larga y casi siempre inútil historia. Los líderes corruptos han sido destituidos en democracia sin que eso haya tenido mucho efecto en la corrupción misma. Las diatribas de Hugo Chávez contra la corrupción lo ayudaron a llegar al poder, pero empeoró bajo su régimen “bolivariano”.

El encarcelamiento de Alberto Fujimori, bajo cuyo gobierno el Estado peruano se convirtió en una empresa criminal, no limpió el país. Su sistema fue desmantelado, pero “modelos a escala” persisten a nivel regional, dice José Ugaz, un abogado peruano que es director de Transparencia Internacional (TI).

Con todo, en los escándalos actuales y en la indignación que han causado, hay señales esperanzadoras. La incansable búsqueda de los responsables del escándalo de Petrobras (el Petrolão) demuestra que las instituciones judiciales de Brasil están funcionando como deberían.

En México, el Congreso está impulsando reformas anticorrupción. Las jóvenes democracias latinoamericanas podrían estar comenzando a enfrentar a uno de sus peores problemas.

Los virreyes de la colonia impusieron el patrón. Centralizaron el poder y compraron la lealtad de los grupos de interés locales. Los caudillos, los dictadores y los presidentes elegidos democráticamente continuaron la tradición de personalizar el poder. El chavismo y el kirchnerismo están entre las muestras de hoy.

Este es un legado dañino. Aunque es una región de ingresos medios, dos tercios de los países latinoamericanos están en la peor mitad del Índice de Percepción de la Corrupción de TI.

La anatomía del vicio
La corrupción tiene siete cabezas y múltiples causas. Los presidentes que roban hacen grandes titulares. Pero una mala conducta presidencial puede darse en formas menos graves de conflicto de intereses o nepotismo.

Esas tentaciones se extienden a cualquiera en una posición de autoridad, especialmente si, como suele ocurrir, esa persona está mal preparada y mal pagada. Un quinto de los latinoamericanos reportan haber pagado un soborno en el curso de un año, en general a la policía.

Los costos son difíciles de cuantificar, pero con seguridad son inmensos. En 2010, la federación de industriales del estado de Sao Paulo estimó que la corrupción costó entre 1,4 y 2,3% del PIB. En Perú el dinero público robado llega al 2% del PIB, según la Primera Ministra Ana Jara.

Casi un quinto de los empresarios creen que la corrupción es el principal obstáculo para hacer negocios en México, según el Foro Económico Mundial. Pagar sobornos por servicios básicos, como el suministro de agua, hace a los pobres más pobres. En México, consume cerca de un cuarto de su ingreso. El enojo popular por la corrupción en la burocracia podría convertirse en hostilidad contra la democracia.

Muchos observadores de América Latina asumieron que la democratización y las reformas liberales que comenzaron en los 80 podrían frenar la corrupción. Pero la democracia dio paso a partidos hambrientos por donaciones y a políticos ansiosos por cosechar las recompensas de un cargo electo. Las leyes sobre el financiamiento de las campañas están llenas de resquicios.

En Chile los donantes deben dar su dinero a través de una agencia que oculta sus identidades de los candidatos. Pero dentro de la pequeña élite nacional, ese tipo de secretos se saben. Los sondeos muestran que los partidos son las instituciones en las que hay menos confianza en la región.

Las reformas económicas también incitaron a la corrupción. Las ganancias de la privatización de las compañías estatales enriquecieron a los grupos gobernantes en Argentina y pagó el gasto social dirigido a los seguidores del oficialismo en Perú y México. El auge de las materias primas a principios del milenio produjo más dinero y más formas de despilfarro.

El Petrolão no habría sido tan grande sin el alza del precio del crudo en los últimos 15 años. Más destructivo fue el brote del narcotráfico en los 80, que instaló la idea de que todos, desde los policías hasta los jueces, pasando por ministros y presidentes, “tienen un precio”, dice el zar anticorrupción de Colombia, Camilo Enciso.

Por mucho tiempo, muchos latinoamericanos solo se han encogido de hombros, haciendo que sea más difícil erradicar la corrupción. “Rouba, mas faz” (“Roba, pero actúa”), dicen en Brasil con indulgencia. Haciendo campaña para ser alcalde de San Blas, un pueblo en la costa pacífica de México, Hilario Ramírez Villanueva, admitió que en un período anterior en el cargo “robé, pero solo un poquito”. Y agregó, “lo devolví con la otra mano a los pobres”. Fue elegido y celebró lanzando dinero.

Esto es desalentador. Pero hay señales de que la subsistencia de la corrupción podría estar cediendo. Los actuales esfuerzos, al menos en algunos países, no son solo una consecuencia de los escándalos del momento; son el trabajo de instituciones que están comenzando a madurar, en algunos casos debido a la presión popular.

La Constitución de Brasil, promulgada en 1988, entregó independencia a la oficina del fiscal público y a la justicia. Pero ellos la han ejercido solo en la última década. Geraldo Brindeiro, el fiscal en jefe durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), era apodado el “archivador en jefe de la república”, por su aparente reticencia a perseguir a los funcionarios corruptos.

Los peleadores medios de Brasil han bajado la tolerancia a la corrupción entre los ciudadanos comunes y los funcionarios responsables de erradicarla. El paso del tiempo ha traído un recambio generacional. El sucesor de Brindeiro fue el primero en ser elegido por los otros fiscales.

El siguiente denunció al Partido de los Trabajadores, de Rousseff, por pagos a los congresistas a cambio de votos. Rodrigo Janot, el fiscal del Petrolão, y Sérgio Moro, el juez que preside el caso en la Corte Suprema en Curitiba, ven la corrupción no solo como una falla moral sino que como una causa de daño tangible, dice Luiz Felipe d’Avila del Centro para el Liderazgo Público.

Mejores jueces y fiscales brasileños son parte de una modernización institucional, gracias a la legislación y las nuevas tecnologías. Aún es parcial, pero debería marcar una diferencia. La “ley de compañías limpias”, que entró en vigencia en enero de 2014, extiende las sanciones desde los que reciben los sobornos hasta los que los dan. Abogados dicen que eso ha hecho que las empresas se tomen en serio las leyes. Los pagos en efectivo a los pobres a través del programa Bolsa Familia -hechos electrónicamente- no pueden ser fácilmente robados o dirigidos a partidarios del potentado local.

El monopolio del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, al que pertenece Peña Nieto, se quebró recién en 2000. La prensa mexicana, con algunas excepciones, es menos ruidosa que la de Brasil, en gran medida porque depende del avisaje del gobierno. Pero la presión por reformas ha aumentado.

La élite ha comenzado a responder. A fines de febrero, la Cámara Baja de México aprobó un cambio constitucional para crear un “sistema nacional anticorrupción”. Más que dejarle la responsabilidad a una sola comisión, como lo han hecho algunos países latinoamericanos, México busca compartirla entre varios entes del gobierno y judiciales.

Hasta que se apruebe una legislación secundaria para regular los conflictos de interés y específicamente los poderes de los nuevos organismos, es imposible decir qué tan bien funcionará el nuevo sistema, dice Mauricio Merino, coordinador jefe de Rendición de Cuentas, que agrupa a las ONG que presionaron por la ley.

Otros países están dando pasos alentadores. El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmó un acuerdo con algunas ONG para que sean “contralores paralelos” en servicios del gobierno. Chile acabará pronto con las lagunas de su ley de financiamiento de campañas. En Perú, Ugaz ve esperanza en el activismo de los estudiantes, que protestaron por el nombramiento de candidatos no cualificados a la Corte Constitucional y a la Defensoría del Pueblo.

Estos avances son frágiles y, en algunos países, inexistentes. Es improbable que la elección presidencial en Argentina traiga progresos. Donde los gobiernos limitan la libertad de prensa, como en Ecuador y Venezuela, es probable que la corrupción florezca. En Brasil, el proceso por el Petrolão es impresionante, dice el juez Moro, “pero la reacción institucional debe ser la regla. Y no lo es”.

Sin embargo, a medida que América Latina se enriquece, ciudadanos más educados, menos desiguales, presionarán para tener políticos y funcionarios de gobierno honestos. A fin de cuentas, la democracia funciona para ellos. Es “gracias al pluralismo político que, a pesar de todo, estamos dando pasos en la dirección correcta”, dice Merino. Un buen augurio para México y sus vecinos.

Adaptado de “Corruption in Latin America: Democracy to the rescue?” (The Economist, marzo de 2015)