(Bloomberg) El Ejército de Chile administra un fondo para armas no revelado: son pocos los que saben cuántos miles de millones de dólares contiene, en dónde se los invierte o exactamente en qué se los gasta. Ahora, un escándalo de apuestas en un casino local, parece que va a cambiar todo esto.

Fiscales y periodistas están desenrollando la historia de cómo al menos US$ 3.5 millones del fondo fueron sustraídos por uno de sus administradores para financiar un estilo de vida en donde se combinan los juegos de azar, las carreras de caballos y los viajes al extranjero.

El periodista Mauricio Weibel, quien destapó el escándalo y escribió un libro al respecto, dice que éste puede ser el comienzo de muchos otros casos.

“Todavía desconocemos su magnitud, pero sabemos que la corrupción está muy extendida. Todos los días surge información de casos más importantes y nuestra sensación es que éste es sólo el comienzo de una larga investigación sobre corrupción y fraude dentro de las fuerzas armadas”, señaló.

El caso sigue a una serie de otros escándalos en Chile relacionados con la financiación de campañas políticas y sobornos, y afecta la imagen de un país famoso por su honestidad.

También amenaza el último legado de una dictadura militar que otrora controlaba todo lo sucedido en la nación sudamericana y no admitía críticas a su reputación. Como una prensa y un sistema jurídico que se han fortalecido, el gobierno promete mayor transparencia y los militares son una sombra de lo que fueron.

Abominación
El fondo para armas se financia según lo dispuesto en una ley redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que garantizaba a los militares un 10% de las ventas de la minera estatal de cobre Codelco.

Con el auge de los precios del cobre durante gran parte de la década pasada, ese porcentaje representaba mucho dinero, tanto como US$ 14,300 millones entre los años 2000 y 2015. Cómo gastaban los militares ese dinero dependía de ellos, siendo poca la supervisión por parte del gobierno.

Incluso después de actualizar al ejército, la marina y la fuerza aérea en la década pasada, el fondo podría contener aún unos US$ 6,600 millones, o casi un 3% del Producto Bruto Interno (PBI) de Chile, de acuerdo con el legislador Jaime Pilowsky, que dirige la comisión del Congreso que investiga la corrupción en el ejército.

“Es una abominación que en tiempos de democracia esta ley opere bajo tal nivel de reserva. No puede haber más leyes secretas encerradas en bóvedas de difícil acceso incluso para los congresistas”, dijo.

Pilowsky está haciendo campaña para cambiar la forma en que se financia a los militares, para que se garantice un mayor control por parte del gobierno.

En un principio
Una investigación en curso a cargo de la fiscal militar Paola Jofré ha sacado a la luz 2,500 facturas supuestamente irregulares entregadas por los administradores del fondo en menos de un año.

Los fiscales acusaron a seis funcionarios militares y tres civiles que fueron contratados para hacer el trabajo para el ejército y que produjeron las facturas falsas. Al menos dos de los funcionarios admitieron su culpabilidad.

Ahora, se está investigando cómo el ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, pudo haber gastado casi US$ 400,000 en viajes por todo el mundo, a la vez que compraba y vendía propiedades en Chile, según Weibel.

Hora de cambiar
Llegar al fondo de la cuestión puede no resultar fácil. En su libro recientemente publicado “Traición a la Patria”, Weibel reveló numerosos casos de corrupción militar, pero la mayoría de sus fuentes se negaron a hablar, dijo.

“La mayoría de mis fuentes fueron amenazadas física o verbalmente y mientras escribía el libro asaltaron mi casa tres veces”, manifestó.

Mientras que el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Humberto Oviedo, ha pedido se respete la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, el gobierno está indicando que el gasto militar no puede seguir como antes.

“Es el momento de hacer cambios. Para salir de esta situación, no podemos tomar atajos o negar la realidad. El primer paso es reconocer los errores y la negligencia que nos llevó a esta situación”, señaló el ministro de Defensa, Antonio Gómez.