A más tardar en la quincena de diciembre, el Ejecutivo se sentará a elaborar un “proyecto de ley sensato” que “ajuste y perfeccione” la Ley Universitaria, vigente desde hace dos años y medio.
El Ministerio de Educación espera así hacerles frente a las iniciativas “antojadizas” que desde el Congreso buscan modificar dicha norma.
Flavio Figallo, actual asesor de dicho sector y exviceministro de Gestión Pedagógica, contó que en los próximos treinta días se tendrán reuniones descentralizadas con todos los actores involucrados en el ámbito universitario.
¿Movidas?
“(En la Ley Universitaria) hay algunas cosas que parecen obvias, pero que necesitan ser esclarecidas, como el caso de los cursos de verano, pues no está claro cuál es su rol e impacto en la formación de los estudiantes”, citó.
Hecha al apuro
Según Figallo, el proyecto de ley de Javier Velásquez Quesquén fue “hecho al apuro” y probablemente con el interés de cómo quitarle al Ministerio de Educación el rol asumido con la Ley Universitaria, después de una desvinculación de más de 25 años.
Reflexión
Figallo reveló que la Comisión de Educación sacó de agenda la propuesta de Velásquez Quesquén, que modifica nueve capítulos de la norma.
“Es lo que me han comunicado, que se ha retirado. Espero que haya sido resultado de un proceso de reflexión”, destacó.
Hay que precisar que dicha iniciativa ya contaba con un predictamen.
Uno de sus puntos saltantes es el de establecer que la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) ya no dependerá del Ministerio de Educación, y pasará a tener un carácter autónomo.
Esto implica que su máxima autoridad ya no será designada desde la referida cartera, sino que será electa por los miembros del consejo directivo de la Sunedu.
De igual manera, en el texto se pone énfasis en garantizar la autonomía de las universidades, incluso frente al Ministerio de Educación.
Más docentes
La bancada del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto para variar el artículo 84 de la Ley Universitaria, a fin de permitir que los docentes mayores de 70 años puedan continuar ejerciendo sus labores como catedráticos ordinarios.
De acuerdo a la iniciativa, remitida a la Comisión de Educación del Parlamento, los docentes de esa edad deberán de presentar un “certificado médico que acredite capacidad física y mental”.
La ley actual indica que quienes excedan dicha edad deben de dejar de enseñar en las universidades, salvo que lo hagan en calidad de docentes extraordinarios.
La iniciativa presentada señala también que aquellos catedráticos que fueron cesados por los alcances de la ley vigente serán reincorporados a sus funciones.
El proyecto de ley lleva las rúbricas de los congresistas Mario Canzio Álvarez, Richard Arce Cáceres, Edilberto Curro López, Marisa Glave Remy Marisa, Indira Huilca Flores, Édgar Ochoa Pezo, Horacio Pacori Mamani y Rogelio Tucto Castillo.
