El Gobierno de Estados Unidos incluyó al Perú y a varios países latinoamericanos, en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe difundido por el Departamento de Estado.

Según el Reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, en su Volumen II sobre Lavado de Dinero y Crímenes Financieros, el Perú tiene diversas vulnerabilidades como la extracción ilegal de oro, la tala ilegal y el contrabando, las cuales están estrechamente ligadas a la industria del narcotráfico.

“Los ingresos procedentes de estas fuentes están sujetos a las mismas o similares técnicas de lavado que los ingresos por estupefacientes”, dice el documento.

Añade que una preocupación cada vez mayor es el uso de oro extraído ilegalmente como medio para el lavado de dinero, dado el riesgo que representa para la integridad del régimen estadounidense.

El informe advierte que el oro comprado con ingresos del narcotráfico se envía a los Estados Unidos con poca supervisión ya que el oro no es un instrumento financiero negociable.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú identificó por lo menos US$ 4,400 millones en ingresos sospechosos asociados con la minería ilegal durante la última década.

“El comercio ilegal de oro en el Perú es de US$ 2,600 millones por año”, señala el reporte.

Explica que el dinero es lavado a través de instituciones financieras formales, transferencias de dinero, notarias, casinos, cambio de divisas y comercio de mercancías, incluyendo productos falsificados.

“La corrupción endémica obstaculiza las investigaciones y enjuiciamientos de delitos de lavado de dinero relacionados con estupefacientes. La corrupción judicial puede detener el progreso de los casos. Diversas figuras políticas y legisladores han sido implicados en lavado de dinero, creando un impedimento al progreso de la reforma. La corrupción dentro de la policía también limita las investigaciones”, añadió.

Asimismo, considera que los casinos siguen siendo un área de preocupación sobre lavado de dinero, ya que la UIF no puede monitorear o investigar los casinos de forma independiente a la autoridad supervisora, el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur).

“Mincetur proporciona información a la UIF y le exige a los casinos que denuncien transacciones sospechosas”, dice.

Además menciona que las empresas informales de remesas, incluidas las agencias de viajes y los pequeños negocios de transferencia de dinero, siguen sin supervisión y son vulnerables al lavado de dinero en el Perú.

“El Perú se beneficiaría de una mayor supervisión y regulación de las instituciones financieras y de los negocios y profesiones no financieras designadas; sin embargo, la UIF necesita recursos adicionales para hacer frente a sus responsabilidades de monitoreo”, concluye.