ENTENDIMIENTO. Como es sabido de sobra por todos los peruanos (sin siquiera la necesidad de que una prueba nos los demuestre), nuestro sistema educativo no funciona. O funciona realmente mal, en todo caso. Eso no quiere decir, por supuesto, que no se pueda empeorar. Prueba de lo anterior es el proyecto de ley universitaria, que ha sido aprobado recientemente en la Comisión de Educación.
El nuevo proyecto de ley universitaria, impulsado por el congresista Daniel Mora, parte de un problema inicial: asume que la cantidad de universidades peruanas en el mercado –particularmente, las de capitales privados, como si fuese inmoral buscar utilidades en este sector– es el principal factor que incide en la baja calidad de la educación superior. Basta notar que antes de la proliferación de estas universidades teníamos el mismo problema para descartar, a través del uso de la lógica, este fenómeno como la causa del problema.
La solución propuesta, sin embargo, es incluso peor. De aprobarse el proyecto, una superintendencia (Suneau) adscrita al Ministerio de Educación será la entidad encargada de supervisar la calidad, fiscalizar el uso de recursos y autorizar la apertura de cualquier universidad, privada o pública. Es decir, todo debe pasar por la burocracia estatal aun cuando, como se sabe, el Estado no representa exactamente un estándar de calidad en lo que respecta a la educación. Como prueba de su baja credibilidad como garante de la calidad educativa, solo cinco facultades han sido acreditadas por el Sineace en los últimos siete años, mientras la acreditación fue voluntaria.
Contrario al razonamiento de Mora, el problema de la calidad se vio intensificado por una demanda insatisfecha; es decir, por la falta de universidades. Ante esta oportunidad, comenzaron a multiplicarse las instituciones de educación superior para captar dicho excedente sin la necesidad de ofrecer un valor real de retorno.
Como ya hemos propuesto con anterioridad, una opción para solucionar el problema de la mala educación superior, además de políticas públicas adecuadas, es la implementación de una herramienta que permita a los usuarios identificar este tipo de centros de antemano para que, así, dejen de escogerlos. Ya se había avanzado un paso en esta dirección con el anuncio de un observatorio con información de acceso público como parte del programa ProCalidad. Ahora estamos dando más de dos pasos hacia atrás.
