BALANCE. Si medimos la performance del Gobierno sobre la base de su popularidad, el 2013 no ha sido un gran año para el Ejecutivo. En enero, el presidente de la República gozaba de la aprobación del 57% de peruanos, según la encuesta de Pulso Perú, mientras que para diciembre se encuentra apenas por encima del 30%. Es decir, a lo largo de los doce meses, su aprobación se redujo casi a la mitad. Esto tiene fundamento en muchas de las decisiones del Gobierno.

Por ejemplo, a pesar de que la escalada de inseguridad se hacía evidente y preocupante para todos los ciudadanos, el Gobierno no atinó una mejor estrategia que simplemente negar tal problema, atribuyendo la sensación de vulnerabilidad a la labor de la prensa o a una “histeria de la gente”. Una estrategia que, además de inútil, terminó por sacar al entonces primer ministro Juan Jiménez.

Otro de los errores políticos que le costó popularidad al Gobierno fue su anunciado interés por comprar los activos de Repsol en el Perú y, con ello, controlar el 100% del mercado de refinación. Claramente, el anunció de un plan estatista no iba a ser tomado nada bien proviniendo de alguien que, hace tan solo dos años, se regía por los lineamientos de “La Gran Transformación”. Demorar en zanjar las dudas acerca de la postulación de la primera dama tampoco ayudó en esta misma línea. Finalmente, el reciente escándalo en torno a López Meneses ha vuelto a poner al Ejecutivo bajo lupa, levantando sospechas acerca de un poder paralelo dentro del Gobierno de Ollanta Humala.

Pero el Gobierno también tuvo sus aciertos durante el año. Uno de los más importantes, sin duda, fue ser enfático en su compromiso con la inversión privada. A pesar de las torpezas cometidas (el anuncio de la compra de Repsol, el vaticinio de las “vacas flacas”), el Gobierno fue rápido en reaccionar y lanzó siete medidas para promover la inversión (dicho sea de paso, sería bueno conocer los resultados de estas medidas).

Otro de los grandes aciertos de este Gobierno ha sido el impulso de una serie de reformas difíciles de lograr políticamente (reformas que prefirieron evitar los gobiernos pasados). La más ambiciosa de ellas, la Ley del Servicio Civil: una ley que pretende evaluar a los trabajadores estatales constantemente para organizarlos según sus méritos.

Todo lo anterior, no obstante, se da en un contexto en el cual las instituciones democráticas están sumamente desacreditadas; por lo que, en materia política, hay mucho trabajo por hacer de cara al 2014.