AP.- El alcalde que ha fungido como tal por dos periodos en este distrito agrícola pobre, ubicado en una región productora de cocaína donde los Andes se juntan con la Amazonia, es uno de los cientos de candidatos para los comicios locales y regionales del domingo que está bajo sospecha de tener posibles vínculos con el narcotráfico.

Manuel Gambini, de 43 años, ex cocalero, figura entre al menos siete candidatos a gobernador de una cuarta parte de las 24 regiones de Perú, a quienes se investiga por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos y/o lavado de activos.

El dinero del narcotráfico amenaza con secuestrar la democracia en esta nación que en 2012 se convirtió en el mayor productor de cocaína en el mundo, según los Estados Unidos y Naciones Unidas.

La infiltración del dinero del narco en la política de Perú es tan descarada y generalizada que podría compararse con las condiciones que antecedieron a un fuerte incremento de la violencia política en México y Colombia.

“Nosotros somos ahorita un vil espejo de lo que fue Colombia, como lo dije, y de lo que es México hoy en día”, dijo Sonia Medina, la fiscal antidrogas de Perú.

Perú registra mucha menos violencia que esos países, pero han aumentado los asesinatos relacionados con el tráfico de narcóticos en los últimos años.

Uno de cada tres electores peruanos vive en una región con candidatos investigados, enjuiciados o condenados por algún delito relacionado con las drogas. Medina dijo que su despacho ha identificado a 700 candidatos que se encuentran en tal situación.

En campaña por la gobernación del estado selvático de Ucayali, el alcalde Gambini ha aprovechado los elogios recibidos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) porque promovió el cultivo del cacao en lugar de la siembra de la hoja de coca.

Sin embargo, Gambini presuntamente se habría enriquecido junto con algunos de sus parientes y socios “cercanos vinculados al tráfico ilícito de drogas”, según el auto de apertura de una investigación preliminar de ocho páginas emitida el 29 de agosto y obtenido por The Associated Press.

Según la investigación, después de que Gambini se convirtiera en alcalde en 2007 “simples agricultores por más de 10 y 20 años han pasado a ser potentados económicamente”, dice la providencia judicial.

Un allegado de Gambini, que recibió una condena por tráfico de cocaína, se lanzó a la alcaldía en lugar de Gambini. El hombre fue nombrado tesorero del distrito en 2009.

Según documentos adicionales, Gambini adquirió personalmente 10,000 hectáreas (38 millas cuadradas) de tierra, parte de la cual tendría cultivos de coca, y dos casas avaluadas en US$ 180,000. Como alcalde, tiene un sueldo menor a US$ 2,000.

Durante un acto político celebrado la semana pasada y en el que se regaló cerveza fría, Manuel Gambini refutó las acusaciones en su contra y las describió como mentiras inventadas por sus enemigos políticos.

Dijo que es propietario de 130 hectáreas (media milla cuadrada) y que antes de ser alcalde tenía un aserradero. Afirmó que dejó de cultivar coca en 2003 con el apoyo de USAID.

Los detractores afirman que los legisladores peruanos han convertido intencionalmente el sistema político en campo fértil para el dinero sucio mediante la inacción o la creación intencional de lagunas jurídicas.

Gambini, por ejemplo, no menciona sus ingresos ni propiedades en la biografía oficial que entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es difundida en internet. No es obligatorio.

De los aproximadamente 126,000 candidatos, apenas el 11% hizo públicos esos detalles, según la organización Transparencia que en colaboración con el portal de noticias Utero.pe compararon las biografías oficiales con diversas bases públicas de datos.

Entre el portal y la organización descubrieron que entre los candidatos había 1,395 delincuentes que recibieron condenas, incluidos 13 narcotraficantes.

En Perú, quienes reciben alguna sentencia condenatoria no quedan inhabilitados de aspirar a algún cargo de elección si algún tribunal ordena su rehabilitación política.

Otra laguna corresponde a la ley de financiamiento de las campañas políticas. La pena por no informar de un donativo de campaña es la pérdida del financiamiento público, pero éste no existe porque el Ministerio de Economía y Finanzas no ha liberado el dinero.

Una década después de que USAID propusiera a Gambini y a campesinos locales cultivar cacao y palma africana en lugar de hoja de coca, el distrito de Irazola se convirtió en uno de los principales productores de cacao. El alcalde recibió buena parte del crédito por ello.

En 2008, USAID pagó los gastos de Gambini para que participara en una conferencia de alcaldes de las américas en Miami.

En marzo de 2011, Gambini asistió a una reunión con la entonces embajadora estadounidense Rose Likins y el gobernador de Ucayali en tanto que la USAID renovó un compromiso hacia una región en la que había invertido más de 50 millones de dólares en 15 años.

Un año más tarde, un informe de USAID ensalzó a Gambini como un “socio nuevo y dinámico”.

En respuesta escrita a las preguntas de la AP, la embajada de Estados Unidos en Perú dijo que ningún financiamiento estadounidense fue directamente a las manos de Gambini.

Activistas locales lo denunciaron judicialmente por conceder a allegados suyos contratos de proyectos que nunca fueron concluidos o que fueron ejecutados de manera deficiente.

En un caso, Gambini gastó más de cuatro millones de dólares de recursos públicos para llevar electricidad, agua potable y drenaje al caserío de Neshuya, que integran 400 familias. Después ayudó a preparar la venta de la tierra con un allegado, que intentó venderle a la gente las parcelas que tenían bajo de sus casas a precios inflados, dijo el ex dirigente comunitario Eugenio Longa.

Gambini rechaza que tenga alguna responsabilidad en estos hechos.

Longa afirmó que el tráfico de narcóticos no se ha reducido durante el tiempo que Gambini ha sido alcalde.

En marzo, la policía se incautó 28 kilogramos de cocaína sin refinar en una moto-taxi, pero el fiscal local no hizo nada, dijo Longa.

Un grupo de lugareños presentó de inmediato una queja ante el fiscal de control de Pucallpa, la capital regional, quien dijo a la AP que el asunto continúa en investigación.

Cuando se le preguntó sobre el decomiso de la droga, Gambini dijo que no estaba enterado de nada. “Yo ya no podría responder nada de eso, porque ese ya no es competencia del alcalde”, apuntó.

¿No debería estar enterado un alcalde de un decomiso de cocaína en su distrito?

“No, no, cuando hay ese tipo de investigación, de incautación, la policía lo hace en forma discreta y de eso ya no sabe el alcalde”, afirmó.