La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Ambiente (MINAM), solicitando que se cumpla con emitir el Decreto Supremo para la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor, ubicado en las regiones Loreto y Ucayali, en cumplimiento de los acuerdos suscritos de 31 de enero de 2014 entre el Estado y pueblos indígenas Matsés, Ashéninka, Huambisa, Isconahua y Shipibo Conibo, durante el proceso de consulta previa llevado a cabo con relación a dicha medida.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló que la demanda fue presentada a solicitud de los pueblos indígenas consultados ante la excesiva demora en la aprobación del Decreto Supremo. “Han transcurrido 20 meses desde la suscripción de los acuerdos durante el proceso de consulta. Nuestra institución y los pueblos indígenas hemos remitido diversas comunicaciones a la PCM y no hemos obtenido, hasta la fecha, respuesta para la protección de esta zona”, puntualizó.

El funcionario recordó la reciente presentación del Presidente de la República Ollanta Humala durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde exhortó a los Estados a comprometerse con un desarrollo sostenible que atienda la protección del medio ambiente para prevenir el cambio climático. Vega señaló que “los discursos y mensajes son importantes pero deben estar acompañados de medidas que permitan alcanzar dicho objetivo como es la creación del parque nacional Sierra del Divisor”.

Nueve años de espera
Por su parte, Daniel Sánchez Velásquez, Jefe del Programa de Pueblos Indígenas, destacó que la creación del parque nacional es un proceso que lleva más de 9 años de espera por parte de los pueblos indígenas. “Esta demora viene ocasionando cansancio y desconfianza en los pueblos consultados, pues el retardo afecta la buena fe puesta por estos pueblos al momento de ser partícipes del proceso de consulta”, apuntó.

También precisó que “la falta de protección los hace vulnerables a diversas actividades ilícitas: sembríos de coca para narcotráfico, tala y minería ilegal. Asimismo, impide la titulación de las tierras comunales de diversas comunidades colindantes a Sierra del Divisor, debido a que se encuentran a la espera de que se defina el área del parque para poder culminar con este trámite”.

Finalmente, el funcionario indicó que en este lugar, además de su inmensa biodiversidad, viven y se desplazan pueblos indígenas en situación de aislamiento. “Esto sumado al hecho de que en pleno llano amazónico se forme un complejo montañoso único en la región hace de este lugar un potencial paisajístico insuperable y económicamente sostenible mediante la venta de bonos de carbono, pues mantener esta área permitiría captar, aproximadamente, 150 000 toneladas de CO2, que equivale casi al 40% de todo el carbono que produce el Perú diariamente”, concluyó.