Tras el análisis realizado a la investigación por la sustracción ilícita y sistemática de fondos del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (Juntos), la Defensoría del Pueblo recomendó –en oficio dirigido a la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca– tipificar los hechos como delito de peculado doloso en su modalidad agravada, en el proceso que se sigue a un grupo de empleados del Banco de la Nación.

Según la carpeta fiscal Nº208-2014, los denunciados utilizaron sus códigos individuales para sustraer y apropiarse del dinero procedente del mencionado programa social, falsificando operaciones de retiro de los beneficiarios.

Dichas sustracciones fueron desarrolladas en forma sistemática entre el año 2013 y parte del 2014, por un monto aproximado de un millón de soles.

“La investigación debe considerar que los fondos sustraídos tenían innegable carácter público, por pertenecer a una empresa también de naturaleza pública; estos recursos les habían sido confiados en custodia a los procesados en razón de su cargo. Por ello, cumpliéndose los requisitos exigidos en el artículo 387 del Código Penal, corresponde que sean investigados como responsables del delito de peculado en su modalidad agravada”, señaló Agustín Moreno, jefe de
la Oficina Defensorial de Cajamarca.

En ese sentido, el funcionario señaló que el bien jurídico vulnerado no tiene relación con el delito de apropiación ilícita, que señalan los procesados; ni de hurto agravado, como lo sugiere el Poder Judicial.
Por el contrario, la protección jurídico-penal que debe garantizarse es la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, y evitar el abuso del poder para quebrantar los deberes funcionales de lealtad y probidad, los cuales son propios del delito sugerido.

“Los hechos cobran mayor relevancia pues se afecta el correcto funcionamiento de la administración pública, situación que se ve agravada porque las personas actuaron en su condición de servidores públicos, y por razón de su cargo tenían bajo su custodia el dinero destinado a un programa social”, señaló el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega.

“Este es un claro ejemplo de cómo la corrupción vulnera los derechos de los más pobres por lo que el sistema de justicia penal debe ser categórico”, recalcó Moreno Díaz.