El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, presentó hoy el «Séptimo Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de las dificultades que aún enfrentan las mujeres para participar en la administración de los gobiernos regionales.

“A pesar de los innegables avances, la participación de las mujeres en los puestos con poder de decisión sigue siendo minoritaria. A partir de la supervisión realizada durante el año 2014, hemos identificado que en los 25 gobiernos regionales, la participación de las mujeres en los puestos directivos sólo alcanza el 18,98%, en contraste con la participación de los hombres que representa el 81,02%”, señaló Vega Luna.

Por su parte, Carolina Garcés Peralta, Adjunta (e) para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que una de las principales barreras que enfrentan las mujeres en el acceso y permanencia en puestos directivos es la discriminación.

“La transversalización del enfoque de género (TEG) constituye una de las estrategias que viene impulsando el Estado para combatir este problema. Sin embargo de los 25 gobiernos regionales, sólo siete (Arequipa, Ayacucho, Ica, Junín, Madre de Dios, Piura y San Martín) cuentan con normativa para su institucionalización”, señaló Garcés.

La funcionaria precisó que transversalizar el enfoque de género no se limita a respetar los permisos por lactancia, las licencias por maternidad/paternidad así como la implementación de lactarios.

“Es importante promover la implementación de medidas para el fortalecimiento de las responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres; así como para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal”, agregó.

Hostigamiento
Según el Séptimo Reporte, otro de los obstáculos que afecta fundamentalmente a las mujeres es el hostigamiento sexual. No obstante, siete gobiernos regionales aún no cuentan con normativa interna en la materia (Cusco, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, San Martín y Tacna). Es indispensable su difusión y que se establezcan procedimientos específicos para la denuncia, atención y sanción de casos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a los gobiernos regionales y autoridades competentes a institucionalizar la transversalización del enfoque de género en su gestión; reiterando la urgencia de asignar presupuesto para cumplir con esta obligación del Estado.