La Defensoría del Pueblo propuso a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Agricultura y Riego, aprobar la creación de los consejos de recursos hídricos de cuenca los mismo que deben ser propuestos por los gobiernos regionales.

La finalidad es prevenir los conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo indicó que solo se han constituido seis consejos que involucran a las jurisdicciones de ocho gobiernos regionales.

Estos organismos son espacios de diálogo que permitirán involucrar a los actores de la cuenca en la solución de la problemática del agua; establecer consensos y generar condiciones para gestionar el uso de este recurso, refirió el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega.

La invocación se hizo durante la presentación del Informe de Adjuntía N° 001-2015: Conflictos sociales y recursos hídricos.

Los conflictos
El documento defensorial señala que entre enero de 2011 y diciembre de 2014, se identificaron un total de 153 conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos.

Asimismo se indica que el 75% se desarrolla en zonas rurales, en el 44% la población registra altos niveles de pobreza; así como en el 42% baja densidad del Estado y 53% bajo nivel de desarrollo humano.

También se indicó que los principales actores demandantes son las comunidades campesinas (66 casos); los frentes de defensa y los comités de lucha (57 casos); los centros poblados y los caseríos (54 casos). Todos demandan la protección de este recurso y su remediación.

Asimismo, sostienen que las afectaciones son principalmente del agua superficial, es decir, ríos, lagos y lagunas.

Actores
En relación a las entidades del Poder Ejecutivo que han intervenido en calidad de actores en estos conflictos, destacan el Ministerio de Energía y Minas, en 77 casos; la Autoridad Nacional del Agua, en 35 casos; la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, en 29; el Ministerio del Ambiente, en 25 casos; y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en 23 casos.

Respecto a los gobiernos regionales, son actores en 57 casos; las municipalidades distritales, en 50; y las provinciales, en 36. Asimismo, estos últimos han respaldado públicamente las demandas sociales en 46 casos. Por otro lado, de los 25 gobiernos regionales, 13 han constituido oficinas de atención de conflictos sociales.

Por su parte, el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque Mogrovejo, destacó la necesidad de investigar en profundidad los tipos de conflictos más frecuentes y que ocasionan grandes enfrentamientos entre sectores de la sociedad, el Estado y las empresas.

“Solo de esta manera tendremos estrategias acertadas, que partan del conocimiento de los problemas y no de intereses que distorsionan la gestión de un conflicto”, anotó.

Señaló, además, que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad debe potenciar su rol articulador entre los distintos sectores del Poder Ejecutivo y con los gobiernos subnacionales.

Asimismo, reconoció que la presencia de la Autoridad Nacional del Agua en este tipo de conflictos es fundamental por lo que debe combinar la especialización técnica en materia hídrica con la prevención y gestión de conflictos sociales.