La Defensoría del Pueblo advirtió que se requiere reforzar los mecanismos que buscan una solución al conflicto social derivado del proyecto minero Tía María , región Arequipa, ya que la situación en la provincia de Islay tiende a agravarse.

“Han transcurrido veintiún días desde que se inició el paro indefinido y en ese tiempo las clases escolares se han suspendido, hay señales de desabastecimiento en los mercados, las transacciones económicas y los trámites administrativos se han visto interrumpidos y el clima de intranquilidad se extiende, principalmente, a lo largo de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía”, sostuvo el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

Para la Defensoría del Pueblo, la reunión de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, llevada a cabo en Arequipa el viernes último, es una actividad útil para brindar explicaciones a la opinión pública sobre los alcances de este instrumento ambiental.

Sin embargo, señala que es necesario pasar de un esquema de divulgación abierta a un esquema de diálogo técnico entre los representantes de los ministerios comprendidos en este asunto y los representantes de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, los municipios distritales y sus respectivos equipos técnicos quienes son los que han planteado directamente cuestionamientos al EIA.

Preparación
También se considera que la reunión de diálogo técnico debe ser adecuadamente preparada, correspondiendo al gobierno nacional remitir las invitaciones formales a los actores concernidos en el conflicto, acreditar a los participantes, elaborar una agenda de temas materia principal de la discusión, establecer reglas de respeto mutuo y que todas las partes garanticen que dicha reunión se realice en condiciones de seguridad para todos.

“Una reunión de esta naturaleza implica una actitud de escucha y de disposición a recoger los planteamientos que sean pertinentes y estén debidamente sustentados”, expresó el Adjunto para los Conflictos Sociales, Rolando Luque Mogrovejo.

Añadió que la voluntad de dialogar viene aparejada de la voluntad de corregir, en caso de que hubiere necesidad de hacerlo. “No cabe descartar de plano ninguna vía de solución. Al diálogo técnico debe sucederle un espacio de negociación en el que creativamente las partes construyan una salida al problema”, anotó.

El funcionario señaló que, simultáneamente a la apertura al diálogo, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los dirigentes y alcaldes que promueven o respaldan el paro a prescindir de los actos de fuerza que perjudican a terceras personas, en particular a niños y adolescentes, cuya formación educativa se viene resintiendo seriamente al haberse interrumpido la asistencia a clases.

En ese sentido, la Defensoría pide la reanudación de las clases escolares y normalización de las actividades en Islay, diálogo técnico y respeto al derecho a protestar siempre que sea de manera pacífica.

La Defensoría del Pueblo espera una atención pronta a este conflicto y mantiene su disposición a colaborar en el marco de sus competencias legales.