En el 65% de los casos, el diálogo en un conflicto social empieza tarde. Tarde significa que ya hubo una crisis o un acto de violencia. Es más, en solo el 18% se realizan conversaciones en una etapa temprana, detalla “El valor del diálogo”, el último documento de la Defensoría del Pueblo.
¿Las razones? Es difícil llevarlo adelante y en el Estado existe un déficit de cultura de diálogo para implementarlo en la fase inicial del problema, manifestó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
Números peligrosos
Al ser consultado por la antigüedad de los 168 conflictos que existen actualmente; señaló que “de lejos más del 60% tienen más de cinco años” de existencia, porque los acuerdos no se cumplen.
Al respecto, añadió a Gestión que este Gobierno ha hecho un inventario de las actas de los últimos cinco años (hasta abril del 2017). Así, se ha concluido que existen 2,500. No obstante, hay mil acuerdos que aún no se cumplen.
En esa línea, Gutiérrez indicó que la Defensoría hará un seguimiento de las actas, tras señalar que pasarán a una nueva etapa del monitoreo de conflictos.
La preocupación
El defensor advirtió que “cuando el diálogo se utiliza en la última etapa, lo que se consigue son actas que muchas veces no generan mayores resultados de fondo y solo ayuda a las cosas inmediatas”, añadió.
Al respecto, el funcionario indicó que en ese momento surge un “elemento peligroso”, pues “se acuerda cualquier cosa, incluso lo que no se puede cumplir”.
Identificación
Para el defensor, el mejor momento para identificar a los verdaderos representantes que deben formar parte de una mesa es en la etapa temprana del conflicto.
“Cuanto más tarde se implementa hay más posibilidades de que políticos electoreros, oportunistas, se atribuyan la representatividad de los pobladores”, anotó. Añadió que dichos actores aparecen cuando empieza a escalar la controversia, pues “el negocio de ellos es justamente la notoriedad”.
Agregó que la Defensoría suele conocer del conflictos cuando estos ya escalaron, pues no pueden estar en todas partes; sin embargo, subraya que la mayoría de controversias no son nuevas.
“Como ya tenemos 13 años –emitiendo su reporte de conflictividad–, la mayoría ya los conocemos porque son reediciones”, expresó.
Espacio
Otra conclusión del informe es que el 73% considera que no tiene otra alternativa para vincularse con el Estado que no sea a través de la protesta. Sin embargo, el 79% de dicho grupo no está dispuesto a usar la violencia.
Gutiérrez señala que eso implica que existe un amplio espacio para conversar, que tanto el Estado como las empresas no saben aprovechar, pues no se le reconoce como un valor democrático.
“Puede parecer retórico pero es importante, falta introducir una cultura del diálogo”, apuntó.
Socioambientales
Si bien los conflictos socioambientales son los más numerosos –81 activos según el último reporte–, Gutiérrez señala que no más del 10% está en una situación preocupante.
Añadió que suelen ser más numerosos este tipo de controversias por los pasivos ambientales que dejó la antigua minería, la falta de presencia de Estado, así como la ausencia de un mayor vínculo de la empresa con la comunidad como lo exige la nueva minería moderna.
Actuación defensorial
De acuerdo al último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, de todos los casos, 59 de ellos se encuentran en proceso de diálogo.
Sin embargo, esta institución no forma parte de dichas mesas, sino que las acompaña en calidad de veedora.