AFP.- La voluntad de Donald Trump de cerrar las fronteras de Estados Unidos a potenciales “terroristas” engendró un enorme rompecabezas jurídico entorno a una pregunta: ¿Hasta dónde llegan los poderes del presidente estadounidense en materia migratoria?
¿Quien responde la pregunta?
La disputa podría ser respondida por la Corte Suprema en Washington, al ser la encargada de definir el marco constitucional del Ejecutivo y de unificar la jurisprudencia.
A la espera de ello, una mayor incertidumbre reina: los tribunales federales desde los cuatro rincones del país han dado respuestas muy diferentes, algunas incluso han validado el decreto.
Por ahora, la corte de apelaciones de San Francisco está a cargo de examinar la decisión del juez de Seattle (en el estado Washington, noroeste), James Robart, quien suspendió a nivel nacional la aplicación del decreto presidencial, que prohíbe el ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana por 90 días y de refugiados por 120 (para los sirios la medida es indefinida).
Fuerzas en pugna en la corte de apelaciones
Los demandantes principales son los estados demócratas de Washington y Minnesota (norte), ambos fronterizos con Canadá.
Varios grupos han presentado ante la corte documentos para apoyar la demanda contra el decreto, en especial la poderosa Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el observatorio de extremismo Southern Poverty Law Center y la defensora de los refugiados HIAS.
Cerca de 300 profesores de Derecho y un centenar de empresas tecnológicas de Silicon Valley presentaron documentos legales para apoyar la decisión del juez Robart.
Adicionalmente, otros 15 estados y la capital federal de Washington anunciaron el lunes que enviaron un memorando demandando la confirmación de la decisión.
En el bando opuesto están el presidente Trump y su gobierno, quienes son defendidos por abogados del Departamento de Justicia. Ellos apelaron la suspensión del decreto después de que el mandatario calificara a Robart de “pseudo juez” y a su decisión de “escandalosa”.
El lunes, la corte de apelaciones de San Francisco fijó una audiencia por teleconferencia para este martes a las 23:00 GMT, en la que cada parte dispondrá de 30 minutos para presentar argumentos.
Argumentos jurídicos de las partes
Trump ampara su polémica decisión en los poderes que le confiere la Constitución de Estados Unidos. Según el artículo 2, el presidente tiene toda la autoridad para manejar la política exterior y la de inmigración.
El decreto “se inscribe en el ejercicio legal de la autoridad presidencial”, dijeron los abogados del gobierno en un documento presentado el lunes ante la corte de apelaciones de San Francisco.
Esa postura se basa en el artículo de una ley adoptada hace 65 años, que estipula que el presidente tiene la facultad de suspender el ingreso al país a una categoría de extranjeros cada vez que considere que su llegada “sería nefasta para los intereses” de Estados Unidos.
El gobierno también argumenta que la justicia está poco calificada para decidir en asuntos de seguridad nacional: “Los tribunales no tienen acceso a información confidencial sobre la amenaza de las organizaciones terroristas”, escribieron.
Los opositores al decreto también apelan a la Constitución, alegando que la decisión de Trump viola principios fundamentales como la libertad de desplazamiento, la igualdad de las personas y la prohibición a la discriminación religiosa, entre otros.
Asimismo consideran que la justicia es un contrapoder del Ejecutivo, que debe proteger a las minorías.
Los sectores que apoyan la suspensión del decreto también consideran que la medida tendrá consecuencias negativas en el sector laboral, la educación y los negocios.
La próxima etapa
La corte de apelaciones de San Francisco podría validar el decreto de Trump o confirmar su suspensión.
En el primer caso, las autoridades no han anticipado si habrá medidas para evitar detenciones y expulsiones en los aeropuertos, que causaron protestas en varias ciudades del país e indignaron a la comunidad internacional.
Pero si la decisión del juez Robart se mantiene en todo el país, los refugiados y los migrantes de los siete países implicados podrán seguir ingresando a Estados Unidos.
La parte en desacuerdo podrá acudir a la Corte Suprema, que de acceder a revisar el caso requerirá una mayoría de cinco sobre ocho de sus magistrados para revocar la decisión del tribunal de apelaciones en San Francisco.
La Corte Suprema está dividida ideológicamente entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas. El noveno, designado por Trump la semana pasada, también es conservador, pero el Senado tardará varios meses en confirmar su nombramiento.
