(AFP) .-El Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró inconstitucional un artículo que le otorgaba exclusividad a los sindicatos para negociar, un punto clave en la reforma laboral aprobada por el Congreso que modifica el código de trabajo instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet y aprobada tras una ardua negociación de meses por el Congreso chileno en abril, la reforma laboral fue rechazada por empresarios y por la derecha opositora, que reaccionó presentando ante el TC el pedido de inconstitucionalidad en varios de sus artículos.

“En cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad de la titularidad sindical de la negociación colectiva, se acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por seis votos contra cuatro”, indicó el TC en un escueto comunicado.

Mientras se acogió parcialmente el pedido de inconstitucionalidad sobre un artículo que prevé la extensión de beneficios laborales, sí que se dio luz verde a los artículos que aseguran el acceso a la información de remuneración durante negociaciones colectivas y la negociación intraempresa.

“Aquí hay una derrota, sin lugar a dudas, para los trabajadores que optan por la organización sindical y, en ese marco, para hombres y mujeres en el país”, señaló la ministra de Trabajo, Ximena Rincón.

La ministra aseguró que el gobierno de Bachelet cumplió con sus electores al impulsar la norma aprobada por el Congreso, con mayoría oficialista.

Por su parte, el ministro vocero de gobierno Marcelo Díaz señaló: “Este fallo confirma también que la actual Constitución no es la casa común que queremos”.

El oficialismo avanza en un largo proceso que busca reformar la actual Constitución de Chile, heredada de la dictadura, que podría aprobarse en el próximo gobierno.

En contrapartida, el presidente del partido opositor de derecha UDI, Hernán Larraín, calificó el fallo como “una gran derrota de la idea de monopolio sindical y al mismo tiempo de esta idea de convertir a la empresa en un campo de batalla”.

La nueva ley buscaba establecer al sindicato como principal agente de negociación colectiva y prohibir los reemplazos durante la huelga, aunque establece un sistema de servicios mínimos.

Desde los sindicatos más importantes del país se rechazó el fallo y se alertó de que el mismo puede generar mayor conflictividad laboral.

Con su aprobación en el Congreso, la norma modificó el código laboral dictado en 1979 por Pinochet, que redujo la injerencia sindical a su mínima expresión.