(Bloomberg) Las revelaciones sobre las cuentas offshore que salieron a la luz con los llamados Papeles de Panamá fortalecerán los esfuerzos gubernamentales para frenar no sólo la evasión fiscal, que es ilegal, sino también los métodos para eludir el pago de impuestos.

También se sumarán al enojo de la gente, que cuestionará la autoridad de algunos funcionarios de gobierno. El revuelo traerá aparejadas medidas de control más estrictas. Sin embargo, también habrá consecuencias no buscadas que debilitarán aún más la credibilidad y la eficacia del establishment político e incluso su capacidad para gobernar desde el centro, que ya está siendo puesta a prueba.

Tras la crisis financiera mundial y dado el alarmante aumento de la desigualdad de riqueza, los gobernados serán mucho más reacios a aceptar la distinción legal entre evasión fiscal y elusión fiscal. Ahora a ambas se las ve no sólo como “formas de evitar el pago de impuestos” sino también como ventajas injustas para los miembros de la sociedad más acaudalados y con más conexiones.

Aquí hacen su aparición los “Panama Papers”, un conjunto de más de 11 millones de páginas de documentos del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca. Los documentos sugieren que tanto en los países avanzados como en los en desarrollo, algunos de los que ostentan el poder y quienes tienen acceso a ellos, además de los “ricos y famosos”, utilizaron al estudio para crear y administrar entidades offshore destinadas a proteger su capital y minimizar el pago de impuestos.

Las repercusiones políticas fueron inmediatas y probablemente se extiendan. El escándalo ya llevó a la renuncia del primer ministro de Islandia y a una protesta política que exigió que el primer ministro británico David Cameron diera a conocer su declaración de impuestos y puso abrupto fin a la luna de miel política del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri.

Además, países entre los que se encuentra Alemania redoblarán sus esfuerzos para analizar restricciones a planes de minimización de impuestos que son legales pero moralmente cuestionables porque benefician a los más ricos. Como ocurrió con medidas anteriores para limitar el lavado de dinero, el foco estará puesto en exigencias de información más estrictas, más colaboración internacional para intercambiar información e iniciativas transfronterizas más coordinadas de verificación y aplicación de las normas.

Los Papeles de Panamá son otro golpe al establishment político. Profundizan la indignación popular hacia gobiernos que para un segmento considerable de la población hacen la vista gorda respecto a la evasión de impuestos. El enojo se ve intensificado por la revelación de que algunos funcionarios de alto rango también utilizaron este tipo de protección. Y, aunque en la mayoría de los casos, no se violó ninguna ley, los documentos reforzarán la impresión de que a los privilegiados se les permite jugar según otras reglas.

Sin duda, los Papeles de Panamá darán lugar a esfuerzos más denodados para reducir la minimización impositiva (ya sea través de la elusión fiscal o de la evasión ilegal). Esa es una buena noticia para los sistemas democráticos liberales que se apoyan en un Estado de derecho que es visto como justo y creíble. Pero a corto plazo, esto irá acompañado de una resistencia aún más fuerte al tipo de unidad política que necesitan muchos países para alcanzar un mayor crecimiento y auténtica estabilidad financiera.

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