En la víspera y antes de recibir las respuestas de la ministra de Educación, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, acusó a la titular del sector, Marilú Martens que tenía responsabilidad penal en el caso de la compra de computadoras. Horas más tarde la ministra dijo que era irresponsable dichas afirmaciones y negó tales acusaciones.

Ahora la Contraloría precisa a través de un comunicado que, “no ha realizado ningún adelanto de opinión ni ha transgredido el debido proceso. Su actuación es técnica y se ciñe a lo permitido por las normas vigentes en materia de control gubernamental”.

Proceso
Así, sostiene que el caso de la compra de computadoras realizado por el Ministerio de Educación (Minedu), bajo la modalidad de Convenio Marco, dicha entidad acreditó a la comisión auditora el 28 de noviembre de 2016, durante la gestión del exministro Jaime Saavedra.

Asimismo, a pedido del Ministerio Público, el 5 de junio de este año, se envió a la Fiscalía, una Carpeta de Control con las presuntas irregularidades detectadas durante la auditoría a la Fiscal Rosario Quico Palomino, titular del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Detalles en las próximas horas
“A estos hallazgos hizo referencia el Contralor General durante la entrevista concedida el día de ayer, a un medio de comunicación local, sobre el cual brindará mayor información en las próximas horas”, sostienen, en referencia a la información remitida al Ministerio Público.

En el comunicado también detallan que, el 15 de junio informaron a la actual ministra de Educación los hallazgos referidos a presuntas responsabilidades administrativas en el caso de compra de computadoras, con el fin de que los funcionarios involucrados hagan sus descargos.

“El plazo para que los funcionarios envíen sus comentarios a las desviaciones por presuntas responsabilidades administrativas vence el 28 de junio de 2017”, indican.

A la vez, la comunicación termina diciendo que los comentarios serán evaluados e incluidos en el informe administrativo con el que se cierra la auditoría en este aspecto.