La Contraloría General de la República tendrá un presupuesto de S/ 538 millones para el próximo año pero solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General una partida adicional de recursos por S/ 278 millones.

El contralor general, Edgar Alarcón, manifestó que el presupuesto institucional 2017 será destinado para consolidar el control preventivo en salud, educación y saneamiento en todo el país, sin dejar de ejecutar el control posterior, es decir, la revisión de la legalidad de los procesos y actos públicos.

Explicó que el presupuesto adicional solicitado permitirá alcanzar el reto que se ha planteado la Contraloría que es lograr resultados concretos para reducir la corrupción.

Indicó que sus resultados no serán cuántos funcionarios son denunciados, sino la disminución del perjuicio económico originado por la corrupción.

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Asimismo, precisó que el presupuesto solicitado permitirá la incorporación de 550 auditores para los Órganos de Control Institucional (OCI) de 100 entidades públicas, los mismos que son pagados por las instituciones que fiscalizan, afectando la autonomía e independencia del control.

Además, la demanda adicional permitirá incorporar nuevos auditores para el fortalecimiento de las unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría y de las 27 Contralorías Regionales, ya que la capacidad operativa no es suficiente para atender la demanda de control del Estado.

“Se requiere, asimismo, contratar abogados para atender la carga procesal como resultado de los Informes de Control que han identificado responsabilidad administrativa funcional grave o muy grave”, dijo Alarcón.

Para el año 2017, la Contraloría se ha planteado implementar un “mapa de riesgos” que identificará las zonas donde se presentan indicios de corrupción para tomar acción preventiva y fiscalizar los ingresos que captan las instituciones públicas como “recursos propios”, que en algunos casos podría ser usado como “caja chica”.

Otro aspecto importante por el que se requiere los recursos adicionales, es el compromiso de la Contraloría para cumplir con el mandato judicial ya que se tiene una deuda por el pago de devengados, la cual asciende a S/ 171 millones a favor de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General.