La Contraloría General informó hoy que ha detectado en el Gobierno Regional de Arequipa un presunto perjuicio económico por más de S/. 19 millones por irregularidades en la contratación de servicios y el proceso de concesión de la autopista Arequipa – La Joya durante la administración regional 2004-2014.

La entidad regional habría realizado dicho proceso de concesión al margen de las normas vigentes, ocasionando un presunto perjuicio económico por más de S/. 15.36 millones.

La comisión auditora acreditó que durante este proceso se habría beneficiado con la adjudicación de la concesión a un grupo de empresas concesionarias que no contaban con la capacidad económica, técnica y empresarial para asumir la obra.

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Según la Contraloría, esta situación originó que la concesionaria no pudiera cumplir con los términos contractuales suscritos, en tanto que el gobierno regional, en lugar de resolver el contrato y ejecutar la carta fianza, firmó un “Acuerdo de intención de desarrollo de la concesión”, beneficiándola de manera irregular.

“La concesión no cumplió con su objetivo y la propia entidad regional ejecutó la obra bajo administración directa; hecho observado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que dispuso el cierre del proyecto y hasta la fecha continúa inconclusa”, agregó.

Al incumplimiento de los acuerdos contractuales, también se hallaron otras actividades irregulares como la cesión de los derechos de concesión sin aprobación previa, el cambio de la naturaleza de la concesión de autofinanciada a cofinanciada, entre otras.

Además de lo señalado, se ha determinado la ejecución de un solo proceso de selección para la contratación de servicios de elaboración del estudio de Factibilidad y el estudio Definitivo del proyecto vial, a pesar de que la normativa de contrataciones del Estado no incluía este tipo de proceso en sus alcances.

En este punto se hallaron indicios de que los términos de referencia para la contratación fueron elaborados con especificaciones orientadas a beneficiar al consorcio que se adjudicó la buena pro, lo que limitó la participación de otros potenciales postores en el mercado.

Asimismo, el Comité Especial del gobierno regional admitió la propuesta y suscribió el contrato con el ganador sin que se acredite la presentación de los documentos requeridos en las bases.

Adicional a ello, se otorgó un adelanto directo y ampliaciones de plazo que no correspondían; así como la inaplicación de penalidades, entre otras irregularidades, que generaron al Estado un perjuicio económico por S/. 3.76 millones.

La Contraloría General remitió las Carpetas de Control con las evidencias de estos casos a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa y a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, respectivamente, a fin de coadyuvar con las investigaciones que vienen efectuando dichas instancias, contra los presuntos responsables.