La Contraloría denunció penalmente a 11 funcionarios y servidores de la Autoridad Nacional del Agua, presuntamente por haber favorecido indebidamente a una empresa, cuyo nombre no revela, en los trámites para que se le otorgue licencia para usar agua subterránea en el acuífero Pampa de Lanchas, en Pisco.

Esta utilización ha generado un incremento en la sobreexplotación del recurso hídrico en la zona, precisó la Contraloría en un comunicado de prensa.

La entidad explicó que “una comisión auditora detectó que se actuó irregularmente en los procedimientos, al emitirse resoluciones administrativas que infringían varias leyes y reglamentos relacionados al tema de manejo de agua”.

La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos había opinando que no era factible otorgar la licencia de uso de agua subterránea para los pozos solicitados por la empresa.

Pese a que la compañía no había cumplido con las resoluciones administrativas que disponían la presentación de documentos obligatorios, funcionarios públicos le otorgaron la autorización para la licencia de uso de agua subterránea como si se tratara de un procedimiento de regularización que no correspondía, indica la Contraloría.

Para que procediera el trámite, la Ley de Recursos Hídricos señala que el pozo debe tener una antigüedad de cinco años, además de haberse perforado y de estar siendo utilizado de manera pública, pacífica y continua. El pozo al cual se le otorgó la licencia en abril del 2011 no cumplía con ese requisito, pues fue perforado en setiembre del 2009.

La Asociación de Usuarios de Agua de Pisco impugnó el acto administrativo, pero ni la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, ni la Oficina de Asesoría Jurídica de la ANA analizaron u opinaron sobre su legalidad.

“Los hechos evidencian indicios razonables del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que tiene una pena privativa de libertad no menor de cuatro años, ni mayor de seis, e inhabilitación, por lo que la Procuraduría Pública de la Contraloría interpuso la denuncia ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Ica contra los presuntos responsables”, finaliza la Contraloría.