La Contraloría General informó en un comunicado de prensa que ha presentado una denuncia penal “por presunto delito de colusión desleal” contra altos funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao, que no identifica porque el caso aún continúa en investigación, por haber favorecido a una empresa en la concesión del servicio de control de tránsito en esa provincia.
Explica que la acción irregular le habría ocasionado al Estado un perjuicio económico por más de S/. 69 millones entre el 2007 y el 2014.
En el comunicado se indica que la Contraloría detectó que los involucrados “habrían favorecido al Consorcio Tránsito Ciudadano -integrado por las empresas Perkons S.A. y Sutec S.A.- con una concesión por diez años, a partir del año 2007, para ofrecer en el primer puerto el ‘Servicio de Administración, Gestión y Control de Tránsito y de las Infracciones’”.
Previamente, la Municipalidad “resolvió unilateralmente y de manera irregular (según un laudo arbitral) el contrato vigente con la empresa Traffic Engineering & Control – TECC SA, que venía brindando el referido servicio de acuerdo a una concesión obtenida el año 2000 por un periodo de diez años”, precisa el órgano de control.
Este hecho tiene origen en el año 2005, cuando un alto funcionario municipal viajó a Brasil con una persona que luego se convirtió en el representante del Consorcio Tránsito Ciudadano. Posteriormente, en el 2006, después de las elecciones municipales, el mismo funcionario volvió a Brasil en compañía de una autoridad electa de su comuna. “Coincidentemente, el retorno al Perú de estos (…) se produjo conjuntamente con el (…) representante de una de las empresas que integraron el citado consorcio”, detalla la Contraloría.
La nueva gestión municipal decidió resolver, sin cumplir los procedimientos establecidos, el contrato con el concesionario TECC S.A., lo que llevó a que la Municipalidad Provincial tuviera que pagarle a la compañía más de S/. 50 millones por daños y perjuicios. Inmediatamente, contrató el mismo servicio, mediante una exoneración del proceso de selección, a la empresa Perkons Andina SAC, que solo tenía un mes de creación, y cuyo gerente general era la misma persona que viajó con los funcionarios a Brasil.
En paralelo, se llevó a cabo un proceso de selección que culminó con la concesión al Consorcio Tránsito Ciudadano, con una vigencia de diez años y cuyo contrato y adendas contienen cláusulas desventajosas para la comuna, que habrían generado un perjuicio económico adicional por más de S/. 19 millones, afectando de esa manera los intereses del Estado, señala la Contraloría.
Este caso ha sido presentado ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
