La Contraloría General de la República advirtió que importantes casos de corrupción o negligencia grave en la administración pública podrían quedar impunes por prescripción, debido a que el Poder Judicial no dicta sentencia contra los implicados.

En un comunicado de prensa, el órgano de control afirma que “más de 1,500 casos de presunta corrupción o negligencia en la administración pública, detectados por la Contraloría General, aún no han sido resueltos por el Poder Judicial, por lo que urge acelerar sentencias”.

La Contraloría especificó que de los 2,358 casos civiles y penales que detectó entre los años 2007 y 2016, el Poder Judicial solo ha resuelto 824, es decir el 35% del total.

Enfatizó que “a lo largo de los años, la brecha entre los casos presentados y resueltos ha ido incrementándose hasta llegar a los 1,534 casos”.

Ante esta situación, subrayó que “existe el riesgo de que importantes casos de corrupción o negligencia grave queden impunes por prescripción”, y añadió que “necesitamos una justicia efectiva no solo para sancionar a quienes delinquen, sino también para desalentar las prácticas de corrupción”.

Casos penales y civiles
De las 2,358 acciones legales interpuestas contra funcionarios de los tres niveles de gobierno, 1,326 corresponden a denuncias penales por presunta corrupción y 1,032 son demandas civiles que incluyen reclamos de indemnización a favor del Estado.

“La mayoría de estos casos no avanzan, siendo necesario adoptar medidas en el Sistema de Administración de Justicia”, argumentó la Contraloría, que pidió a jueces y fiscales que “adopten las medidas correctivas que permitan reducir este atraso en la emisión de sentencias a niveles razonables”.

Sentenciados
De todos los funcionarios y servidores públicos denunciados penalmente por la Contraloría General, solo 648 fueron condenados por corrupción entre los años 2009 y setiembre del 2016, aunque el 92% (599) fueron sentenciados a prisión suspendida, es decir que se encuentran en libertad condicional a pesar de haberse demostrado su culpabilidad en los tribunales.

Los delitos de peculado (42%), colusión (23%) y negociación incompatible (16%) abarcan el 80% de las sentencias condenatorias.

La Contraloría resaltó que existe una tendencia creciente de casos ganados por esta institución. Así, al cierre del año proyecta obtener un fallo favorable en el 77% de procesos.