El primer proceso de consulta previa, que llevará a licitación el Lote 192 —cuya concesión a Pluspetrol vencerá en el 2015— pondrá sobre la mesa más de una deficiencia sobre el aprovechamiento de recursos naturales en el país.
Como primer ejemplo está el uso del agua. “Solo tenemos lo que el ANA llama un balance hídrico, que es básicamente agropecuario. Se necesitan datos sobre usos comerciales, industriales, de consumo humano y energéticos. Lo que está en juego es la definición de reglas claras del aprovechamiento de recursos naturales”, advirtió Manuel Glave, investigador principal de Grade.
“Más allá de los pueblos indígenas y originarios, [la consulta previa] nos lleva a reflexionar sobre la urgente necesidad de instrumentos de gestión territorial que ordene el aprovechamiento de recursos […] El Perú necesita un sistema de información que nos permita conocer quiénes tienen derecho sobre qué y bajo qué condiciones”, agregó.
Roles empobrecidos
Pero el surgimiento de conflictos sociales que estallan de manera crítica no solamente se debe al vacío en la gestión territorial. Glave llamó la atención sobre el papel de los gobiernos regionales y locales, que es literalmente nulo en el manejo de los recursos en sus jurisdicciones.
“Recordemos que todavía no está del todo completado el proceso de descentralización. Buena parte de los conflictos tiene que ver con la pobre definición de los gobiernos locales y regionales. No tienen ninguna capacidad de decisión sobre el uso de recursos naturales”, señaló.
Glave también lamentó que, en la mayoría de regiones, no se cuente con “catastros únicos e integrados donde se especifiquen los derechos tanto para el vuelo forestal, subsuelo y renta urbana”.
Dio otro ejemplo al respecto. “En la Amazonía, hay 20 millones de hectáreas, de un total de 75 millones, que no tienen reconocimiento ni saneamiento de derechos de propiedad. Alguien puede pensar que son tierras eriazas. La verdad es que no tenemos claridad sobre donde están ubicadas ni si tienen o no derechos”, finalizó.
