El Congreso de la República tiene un total de nueve proyectos de ley que atentarían contra la competitividad nacional, así lo advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el reporte del Semáforo de la Competitividad del período enero – marzo del 2014.

Del total de proyectos que atentan contra la competitividad sostenible, seis inciden desfavorablemente en las instituciones, dos sobre el entorno macroeconómico y uno en la eficiencia del mercado laboral.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL evaluó los proyectos siguiendo la metodología del Índice de Competitividad Sostenible (SCI, por sus siglas en inglés).

En ese periodo se han presentado al Congreso un total de 196 proyectos de ley, lo que representa una producción media de 65 proyectos al mes.

“Por estos resultados, incidimos nuevamente en la necesidad de realizar un profundo análisis y balance de toda la legislación vigente, para identificar y eliminar las normas jurídicas negativas para la competitividad”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima.

En el pilar denominado Instituciones, la CCL advierte que se pretende modificar el proyecto de ley 3182 del Código Penal, que no reconoce como delitos de extorsión a la toma de locales, la obstaculización de las vías de comunicación y la interrupción del funcionamiento de los servicios públicos; con lo cual se atentaría contra la seguridad ciudadana y se elevarían los costos de las empresas para enfrentar el crimen y la violencia en el país.

También se ha detectado al proyecto de ley 3171 que, de aprobarse, significaría que se restablecería de manera inmediata la autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable de EsSalud pues la exceptuaría del Fonafe.

“La propuesta busca excluir a EsSalud de todo sistema de administración pública sin antes haber realizado un proceso de reorganización total de dicha entidad. Eso es grave si se considera los problemas de gestión que esta institución arrastra desde hace varios años”, precisó Peñaranda.

PROYECTOS ÁMBAR
Asimismo, el IEDEP emplea el color ámbar para los proyectos de ley que tienen una sustentación insuficiente, que no permite identificarlos como favorables o desfavorables para la competitividad.

Entre enero y marzo de este año, se han identificado seis iniciativas con un efecto ambiguo sobre la competitividad, como es el caso de dos proyectos relacionados al sistema tributario.

De esta manera, existe el proyecto que busca modificar la Ley 28461 que permitiría el uso del 80% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en la cancelación de créditos hipotecarios o Mi Vivienda.

Para el IEDEP esta ley sería viable solo si dicho 80% se calcula sobre el excedente del monto de intangibilidad definido por ley (seis meses en la actualidad). De no ser así, la persona quedaría desamparada en caso resultara desempleada lo que podría afectar la Sostenibilidad Social.

Entre los proyectos favorables, el IEDEP identificó ocho iniciativas legislativas a favor de la competitividad. Seis de ellas inciden favorablemente en el pilar de Instituciones, porque agilizarían la carga procesal de la Corte Suprema de Justicia.

En el pilar de Infraestructura se ha identificado un proyecto que favorecerá al desarrollo de infraestructura y telecomunicaciones a nivel nacional, mientras que en Educación Superior y Capacitación existe una iniciativa legal que propone incorporar la cultura financiera en la malla curricular de educación secundaria.