El Pleno del Congreso aprobó, pasada la medianoche, el informe de la Comisión de Ética que recomendaba una suspensión de 90 días para el legislador Javier Diez Canseco, por presentar un proyecto de ley que beneficiaba a sus familiares con un canje de acciones de Backus.

Diez Canseco sostuvo que la suspensión esconde una venganza política del Gobierno. Acusó a la Primera Dama, Nadie Heredia, de enviar a la ministra de la Mujer, Ana Jara, y a la presidenta en funciones Marisol Espinoza al Congreso para que voten a favor de su sanción, pues el presidente Ollanta Humala se encuentra en Europa.

La sanción contra el veterano dirigente de izquierda se aprobó por mayoría. Fueron 55 votos a favor, 31 en contra y cuatro abstenciones.

Tampoco tuvo éxito el pedido de reconsideración de esta votación que presentó la congresista Rosa Mavila, que se desestimó por 53 votos contra 29.

Gana Perú se partió
Cuando parecía que Diez Canseco se iba a salvar de la suspensión, con el apoyo de la bancada de Gana Perú –a la que el sancionado congresista había renunciado–, el oficialismo se partió.

Mientras un sector defendía al polémico legislador, el bloque más ligado al presidente Ollanta Humala cambió su voto a último minuto, indicó a Perú.21 una fuente del propio nacionalismo.

Esto fue clave, sin contar que varios congresistas oficialistas abandonaron el hemiciclo antes de la votación. Se registraron 98 legisladores al momento que se votó la sanción.

Respondió
El principal alegato de Javier Diez Canseco para rebatir la acusación, que repitieron sus defensores en el pleno, fue que no hubo conflicto de interés porque el proyecto de ley que presentó no se aprobó, e insistio en culpar a la derecha, al fujimorismo y al aprismo, así como a un sector de la prensa, de urdir una campaña en su contra.

El dirigente de izquierda hizo gala de su concimiento del mercado bursátil local, y dijo que en su proyecto primaba el bien común por encima del particular.

Es decir, Diez Canseco alegó que su propuesta legal para convertir acciones de inversión en acciones comunes buscaba beneficiar a varios millones de personas afiliadas a las AFP, entre las que se contaban a su exesposa y a su hija.