Sandra Alvarado
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El inicio del debate de la Ley del Nuevo Código Penal, en la Comisión de Justicia, despertó la preocupación del sector empresarial, pues esta incorpora la responsabilidad penal de las compañías.

Para el presidente de dicho grupo, Juan Carlos Eguren, es válida la preocupación, pues es un tema nuevo en el Perú. Pero recordó que ya se aplica en Europa y recientemente en Chile.

“Es un tema que amerita ir con calma, con pies de plomo, e ir recogiendo los consensos que se den en el sector empresarial”, expresó. Eguren estimó que, en el mejor de los casos, se hará en diciembre.

El origen
El proyecto fue elaborado por la bancada del PPC, pero en él se recogen las propuestas de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), y ya fue rechazado por la Confiep.

La norma, en su artículo 35, señala que las personas jurídicas son penalmente responsables (por los delitos que) “en su nombre o por cuenta de ellas y en su provecho cometan sus administradores”.

Pedro Spadaro (Fuerza Popular) señaló que no se están haciendo cambios para agradar a todas las empresas privadas, sino para que sirvan al país y sean utilizados adecuadamente por quienes ejercen la justicia.

Por su parte, el congresista Daniel Abugattás (Gana Perú) consideró que debe haber un procedimiento sancionador para las empresas que incurren en actos de corrupción, sin embargo sostuvo que es peligroso señalar que se aplicará la figura penal a toda la persona jurídica.

“Es un tema delicado. No pueden quedar impunes las empresas, pero tampoco caer en una persecución loca que nos tire abajo todos los intentos de inversión en el país”, anotó.

En tanto, Verónika Mendoza (AP- FA) recordó que la iniciativa tiene la intención de combatir estructuras de crimen organizado que utilizan a empresas de fachada, y esa es una realidad. “Hay que buscar mecanismos para que no se pierda el hilo de la responsabilidad”, acotó.

Sin defensa
Para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la norma puede afectar a la actividad empresarial.

Asimismo, señaló que esto contrasta, por ejemplo, con el hecho de que no se ha incluido el delito de la minería ilegal en dicho texto.

Para el presidente de la SNI, Luis Salazar, este es un tema sumamente delicado. “Si es que se va a aplicar alguna sanción, se tienen que dar herramientas a las empresas para que puedan defenderse de la autoridades que realizan malas prácticas”, anotó.

En ese sentido, dijo que se podría brindar protección a la persona jurídica que denuncie actos de corrupción, malas prácticas, así como aplicar el silencio administrativo positivo si alguna entidad del Estado o gobierno local o regional solicita requisitos que no son los correctos.

Añadió que hoy las empresas están prácticamente en la indefensión ante gobiernos regionales o locales que ejercen malas prácticas.

PARA RECORDAR
Confiep cuestiona proyecto
Posición. Cuando la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), de la PCM, propuso el proyecto para que las empresas públicas y privadas asuman una responsabilidad penal frente a los actos de corrupción, el presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, sostuvo que la responsabilidad debe recaer en forma individual, mas no en forma colectiva.

“Las que se corrompen son las personas, y no toda la empresa. Entonces, el peso de la ley debe caer en una sola persona”, señaló a Gestión.

EN CORTO
Minería ilegal. Los congresistas Juan Carlos Eguren, Pedro Spadaro y Verónika Mendoza señalaron que el nuevo Código Penal también incluirá sanciones a la minería ilegal. Incluso recordaron que el propio Poder Ejecutivo ha enviado propuesta de una serie de penas para dicha actividad.