El camino para que las empresas sean sancionadas penalmente en casos de corrupción y otros delitos fue abierto por la Comisión de Descentralización.
El grupo de trabajo presidido por Manuel Dammert aprobó, con algunas modificaciones, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sobre “la regulación de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción”.
El dictamen aún debe pasar por el tamiz del pleno del Parlamento.
¿Pero qué significaría para las empresas si este se aprobara? Actualmente, solo las personas naturales pueden ser sancionadas penalmente, y en el caso de la compañías solo sus directivos.
Las sanciones
De acuerdo a la norma, las empresas podrán ser sancionadas por delitos como colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, cohecho activo transnacional, entre otros.
Las penas, que contempla el dictamen, abarcan multas, clausura de sus locales con carácter temporal o definitivo, cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. También la disolución de la empresa.
Asimismo, la inhabilitación en cualquiera de las siguientes modalidades: suspensión de las actividades sociales por un plazo no mayor de dos años y la prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades similares a aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
Del mismo modo, la prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo (la temporal no será mayor de cinco años). Otra sanción es suspender para contratar con el Estado por un plazo que no exceda los cinco años.
Lo que no pasó
En el proyecto presentado por el Ejecutivo se contemplaba que las entidades no serían responsables cuando con anterioridad a la comisión del delito hayan adoptado o implementado un modelo de prevención.
Sin embargo, en el Congreso se decidió omitir dicho punto. Es decir que así la empresa establezca dicho modelo no será exceptuada de los delitos.
Como se recuerda, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar, calificó el tema como sumamente delicado, al considerar que si se van a aplicar sanciones penales se tiene que dar herramientas a las empresas que puedan defenderse de las autoridades que realizan malas prácticas. Mientras que Confiep sostuvo que la responsabilidad debe recaer en forma individual, mas no colectiva.
Un paso para la OCDE
El congresista Fernando Andrade, miembro de este grupo de trabajo, señaló que otros países también están incorporando a su legislación sanciones penales a las personas jurídicas y el Perú no debe escapar a dicha realidad. Añadió que este es un paso para nuestra inclusión en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
La iniciativa también llegó a la Comisión de Justicia, la misma que dictaminó aplicar la sanción penal solo cuando la persona jurídica incurra en el delito de cohecho activo internacional. Este fue incluido en el dictamen de reforma del Código Penal, el cual aún aguarda ser visto en el pleno.
ANÁLISIS
La empresa sí o sí será culpable
Héctor Gadea, asociado del estudio Benites, Forno & Ugaz
El dictamen aprobado por la Comisión de Descentralización, sugiere que los mecanismos de prevención de los delitos atribuidos a la empresa no conllevarían a excluirla de la responsabilidad penal y eso es peligrosísimo.
Con esa modificación, se establece una responsabilidad “objetiva” de la empresa, es decir, aunque esta haya sido diligente al establecer mecanismos de prevención (inversión, capacitación, código de ética, auditoría externa y otros), es igual que si la compañía no lo hubiera hecho, ya que no la liberará de responsabilidad penal.
Así, la empresa será igual de culpable si se esfuerza en tener medidas de prevención de delitos como aquella que no hace nada. Haciendo un símil: es como sancionar igual a quien comete un atropello lúcido con alguien que lo hace ebrio.
