“Esto no es un juego, este proyecto aporta entre 1% a 1.5% del PBI, en consecuencia, (si no se habrían generado los disturbios) habría estado creciendo el país y Apurímac, en particular, a las tasas mencionadas. Eso dejará de ocurrir por obra de dos delincuentes que están asustando a la población”, explicó Gálvez.

El ejecutivo aseguró que la construcción de la carretera y su incorporación a la red nacional está documentada por decreto supremo, pues “en el 2011 fue ampliada con autorización de la Municipalidad de Challhuahuacho, luego en 2014 la Municipalidad de Cotabambas, autorizó y facultó a la gerencia municipal a realizar las gestiones necesarias para incorporar la ruta a la red nacional”.

Gálvez dijo que el bloqueo en la zona daña a la propiedad pública y denunció a los posibles incitadores.

“Para que esta vía sea ampliada y convertida en vía nacional, la compañía ha indemnizado a los pobladores, pero tras un tiempo aparecieron algunos agitadores como los hermanos Frank y Jorge Chavez Otelo, de Abancay que asesoran a la comunidad”, explicó.

Los comuneros están demandando que se le pague US$ 6 millones como pago adicional y un peaje de S/ 5 mil por cada camión que transita por la carretera, detalló el empresario.

En ese contexto, dijo que los disturbios se habrían generado porque “la policía le solicitó a la empresa que preste una maquinaria pesada para poder rellenar las zanjas. Cuando estaban procediendo a rellenarlas apareció una turba para atacar a quienes estaban trabajando”.

Ante lo cual invocó ampararse en el estado derecho e imperio de la ley para poder solucionar la paralización de la minera.