Pese a la oposición de las empresas agrupadas en la Confiep, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó en la víspera, el proyecto de Ley No. 4054/2014 PE, que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas que cometan actos de corrupción.

Esta iniciativa legislativa fue propuesta por el Ejecutivo en diciembre de 2014, a la entonces presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano Flores. De aprobarse en el pleno del Congreso, las firmas que hayan incurrido en el delito de cohecho activo internacional (corrupción de funcionarios), el juez tendrá la posibilidad de aplicar una serie de medidas, como multas, disolución, clausura de locales o establecimientos con carácter temporal (que no excederá de cinco años) o definitivo, hasta cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.

El proyecto contempla también la inhabilitación a través de la suspensión de sus actividades sociales por un plazo no mayor de dos años; la prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito y la suspensión para contratar con el Estado, por un plazo no mayor de cinco años.

De acuerdo a la norma propuesta, el juez podrá ordenar a la autoridad competente, que disponga la intervención de la entidad juzgada, cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores hasta por un periodo de dos años.

La iniciativa alerta, además, que el cambio de la razón social, transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad, no impida la aplicación de las medidas dictadas por el juez.

Esté proyecto será debatido el próximo jueves 10 de marzo por el pleno del Congreso, de acuerdo fuentes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Al respecto, la coordinadora general de este ente, Rosmery Cornejo Valdivia, quien sustentó la propuesta ante los miembros de la citada comisión parlamentaria, presidida por Juan Carlos Eguren, subrayó que la aprobación de esta iniciativa legislativa, es el único requisito que la faltaría al país para ingresar al Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Posiciones en contra

Cabe recordar que la Confiep mostró su disconformidad cuando la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la PCM propuso el proyecto de ley para que las empresas públicas y privadas asuman una responsabilidad frente a los actos de corrupción.

Alfonso García Miró, por entonces titular del gremio empresarial, opinó que las responsabilidad debe recaer en forma individual, más no en forma colectiva. “Los que se corrompen son las personas, y no toda la empresa. Entonces, el peso de la ley debe caer en una sola persona”, señaló a Gestión, en aquella oportunidad.

Mientras que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (Afin), aseguró en octubre de 2014, que la norma podría afectar la actividad empresarial.