(AFP) La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, prometió luchar con todas sus fuerzas para evitar un procedimiento de destitución que se vota este miércoles en el Senado y que la apartaría durante casi seis meses del poder.
“El último día de mi mandato es el 31 de diciembre del 2018”, dijo Rousseff en una conferencia sobre políticas para las mujeres, pocas horas antes de que el Senado inicie la votación para decidir si abre un juicio político contra la líder del gigante sudamericano por maquillar las cuentas públicas.
“Voy a luchar [contra la destitución] con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”, aseguró la exguerrillera de 68 años que en el 2011 asumió como la primera presidenta de Brasil.
También la Abogacía General del Estado (AGU), que defiende a la mandataria, pidió que el proceso sea anulado, aduciendo que el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó abrirle un juicio de destitución por “venganza” personal.
La AGU recuerda que Cunha -suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones en su contra en el megafraude a Petrobras- dio luz verde a la solicitud luego de que el gobernante Partido de los Trabajadores decidiera apoyar una investigación que le inició la Cámara baja por faltas éticas.
A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil está paralizado por la batalla del impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras, que tiene a decenas de políticos y empresarios en la mira.
Nadie duda del desenlace y todos creen que muy probablemente éste es el comienzo del fin del mandato de Rousseff, cada vez más aislada e impopular.
La Bolsa de Sao Paulo cerró este martes con fuerte alza de 4,08% impulsada por la inminente votación.
“El optimismo del mercado viene por la perspectiva de que el proceso de impeachment va a tener continuidad. El mercado financiero es un agente que actúa y tiene posiciones políticas bien definidas”, comentó a la AFP el economista independiente Felipe Queiroz.
Golpe parlamentario vs crimen de responsabilidad
Tras días de alocadas marchas y contramarchas, los 81 senadores tienen previsto reunirse el miércoles para decidir si abren un juicio de destitución a Rousseff, acusada de cometer un “crimen de responsabilidad” por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales durante su campaña a la reelección y en los primeros meses de su segundo mandato.
El presidente del Senado, Renán Calheiros, dijo que la votación comenzará a las 09:00 (12:00 GMT) del miércoles y que quiere terminarla el mismo día, aunque en teoría podría durar más de 20 horas.
La mandataria insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y asegura que es víctima de un “golpe parlamentario”.
Sondeos y analistas coinciden en que ya hay votos más que suficientes para iniciar el juicio político.
Son necesarios 41 votos de un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, y aguarde la sentencia final en la residencia oficial.
Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida con los votos de dos tercios del Senado, Temer finalizaría su mandato hasta el 2018.
“Estoy cansada de los desleales y los traidores”, confesó la mandataria antes de identificar como autores de un “golpe moderno” a Temer y a Cunha.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también saltó en defensa de Rousseff tras reunirse con ella en Brasilia, y cuestionó la legitimidad del impeachment porque es impulsado por varios legisladores investigados o acusados de corrupción.
Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento.
La presidenta en sí no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de US$ 2,000 millones y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.
