Bogotá (AFP).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró este lunes una “guerra frontal contra la corrupción”, en medio del escándalo por el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios colombianos, que hasta ahora salpica al gobierno de su predecesor Álvaro Uribe.

“Hagamos de este 2017 un año de guerra frontal contra la corrupción”, dijo el mandatario, al posicionar a Fernando Carrillo como nuevo procurador general de la Nación, encargado de vigilar a los servidores públicos.

Un exviceministro de Uribe, presidente entre el 2002 y 2010, y un exsenador fueron detenidos en los últimos días acusados de recibir coimas de la constructora Odebrecht, señalada por Estados Unidos y por la Fiscalía de Colombia de pagar millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas en este país entre el 2009 y 2014.

Santos, presidente desde agosto del 2010 y reelecto en el 2014 para un segundo mandato de cuatro años, pidió a los organismos de control resolver “estos casos a la mayor brevedad posible”.

“Hasta ahora ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a haberlo, ¡que le caiga todo, todo el peso de la ley!”, enfatizó, y anunció que propondrá “por ley” que los corruptos no tengan el beneficio de “casa por cárcel”.

“El cáncer de la corrupción ha hecho metástasis -como lo estamos sintiendo en estos días- y nos exige todavía más voluntad, más contundencia y mejor trabajo en equipo”, subrayó Santos, al saludar que ninguno de sus familiares haya hecho “un solo negocio con el gobierno” o “estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias”.

Santos dijo además que ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que entregue a la Fiscalía toda información vinculada con los contratos cuestionados.

Odebrecht tuvo tres convenios con el Estado colombiano,informó en diciembre el gobierno.

El primero de ellos fue en 2009 para la Ruta del Sol sector 2, un trayecto vial de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe, ejecutado durante el mandato de Uribe.

Adicionalmente, hubo otros dos proyectos, ambos en el gobierno de Santos: la vía Puerto Boyacá – Chiquinquirá (centro), adjudicada en abril de 2012, y otro para darle navegabilidad al río Magdalena, el afluente más importante del país, licitado en agosto de 2014.

Por el contrato de 2009, el exviceministro de Transporte Gabriel García se declaró el domingo culpable de recibir 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la firma habilitada.

También fue capturado el sábado el exsenador Otto Bula, suplente entre 1998-2002 y 2002-2006 de Mario Uribe, primo del expresidente Uribe y preso por vínculos con paramilitares. Según la Fiscalía, Bula fue contratado por Odebrecht en agosto de 2013 para favorecer una adición a este contrato.