El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) admitió a trámite dos denuncias interpuestas por representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL) contra los fiscales supremos José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia.

Las imputaciones se refieren al nombramiento como fiscales provinciales en Áncash de dos abogados cercanos al presidente regional César Álvarez Aguilar y a la permanencia del fiscal Ramos Heredia en el cargo de titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno pese a que ya había vencido su mandato.

Se señala, en el primer caso, que Peláez Bardales incurrió en grave inconducta funcional al nombrar (en 2011 y 2012) como fiscales provisionales a Hugo Alejandro Hernández Delgado, quien había trabajado en el gobierno regional, y a Augusto Magno Huaroma Vásquez, quien era militante de la organización política de Álvarez Aguilar.

En la otra denuncia se expresa que Peláez Bardales incurrió en muy grave falta al permitir que el fiscal Ramos Heredia continúe en el cargo de titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, pese a que su mandato había vencido el 7 de febrero de 2014 y era improrrogable.

Se indica que el fiscal Ramos Heredia también cometió falta que amerita destitución al mantenerse en un cargo que no le correspondía conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público.