Valparaíso (AFP).- Chile está a punto de abandonar el puñado de países que prohíbe el aborto. El Congreso revisaba en su último trámite el proyecto más emblemático de la presidenta Michelle Bachelet para despenalizar el aborto terapéutico y en caso de violación.

Después de dos años de tramitación en el Congreso y un tenso debate, el Senado aprobó la madrugada de este miércoles despenalizar el aborto en caso de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación, en medio de aplausos mujeres que impulsan la iniciativa, en una maratónica sesión de casi 17 horas.

Inmediatamente después, el emblemático proyecto volvió a la Cámara de Diputados -donde ya había sido aprobado en enero de 2016- para su última revisión antes de ser despachado totalmente.

Después de tres horas de debate, la Cámara baja decidió continuar la sesión el jueves, cuando se espera que finalmente tenga lugar la votación del proyecto en su último y tercer trámite legislativo.

“Es una mañana histórica”, celebró tras la aprobación en el Senado la presidenta Michelle Bachelet, quien durante su anterior mandato (2006-2010) impulsó la entrega de la “píldora del día después” y ahora volvió a desafiar a los grupos conservadores con una ley de aborto terapéutico, en sintonía con el 70% de la población que aprueba la iniciativa en las tres causales mencionadas.

“Más allá que cada cual puede tener una opinión personal, lo que permite (este proyecto) es que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, puedan tomar la mejor decisión posible”, agregó la mandataria.

Solo un puñado de países en el mundo (entre ellos Nicaragua, El Salvador y República Dominicana en América Latina) prohíben el aborto en todas sus formas.

Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto, pero poco antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió.

No obstante, en el país se registran unos 30,000 abortos provocados o espontáneos, pero se baraja que las interrupciones clandestinas podrían llegar a 160,000 cada año.

“Desde recuperada la democracia, las mujeres, y buena parte de la sociedad civil, venimos luchando por la interrupción del embarazo para evitar los abusos y las arbitrariedades sobres nuestros cuerpos y dignidades. Hoy estamos más cerca de hacer real esta demanda”, dijo Claudia Dides, vocera de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles).

“Mi cuerpo, mi decisión, yo apoyo las tres causales”, decía un cartel de activistas que fueron desalojadas por la Policía del Congreso tras enfrentarse con grupos religiosos, que sostenían en sus manos pancartas con la leyenda: “Vuélvete a Cristo”, en un tenso cruce de opiniones que ha marcado la tramitación de esta legislación, constató la AFP.

Apelación al Tribunal Constitucional
A cuatro meses de las elecciones que elegirán a su sucesor, la presidenta Bachelet resolvió ponerle “suma urgencia” al proyecto para despenalizar el aborto en tres causales, una de las reformas más emblemáticas de su segunda gestión que concluye en marzo del 2018.

Gran parte de la derecha opositora se opuso tenazmente a la iniciativa, y legisladores de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que llevarán el proyecto al Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera la protección del niño que está por nacer.

“Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por las tres causales. Lo que está aprobando el Congreso es relativizar el derecho a la vida, es decir, qué tipo de seres humanos tienen derecho a vivir”, sostuvo la senadora ultraderechista Jacqueline van Rysselberghe, en un último intento por detener la aprobación del proyecto.

Pero el gobierno anunció que defenderá la iniciativa.

“Como Ejecutivo, nos hemos preparado para ese escenario y lo vamos a defender en el Tribunal Constitucional”, dijo este miércoles la titular del Ministerio de la Mujer, Claudia Pascual.

“Es evidente que aún existe una fuerte oposición a los derechos de las mujeres motivada por ideologías ultraconservadoras”, estimó Claudia Dides.

Clave en la aprobación del proyecto en el Senado fue el apoyo de la legisladora de derecha liberal, Lily Pérez, quien expresó que la decisión de abortar “debe ser de la mujer” y “no del Estado”.

La legislación viene a saldar una deuda con las mujeres en Chile, un país donde históricamente los grupos conservadores tienen una gran influencia, si bien en los últimos años han perdido poder.

Los chilenos tuvieron que esperar hasta el 2004 para poder divorciarse, y hace dos años se aprobó un Acuerdo de Unión Civil que permite las uniones de parejas homosexuales, otro de los grandes debates de la sociedad.