(Bloomberg).- Presionada por la opinión pública, la presidenta chilena Michelle Bachelet propuso cambios a la más drástica de todas las reformas económicas del ex dictador Augusto Pinochet: el sistema de pensiones privado que inspiró una ola de proyectos similares en todo el mundo.

Por primera vez las compañías tendrán que contribuir al sistema, que hasta ahora dependía de los pagos de los trabajadores a cuentas de ahorros privadas, dijo Bachelet el martes en un mensaje al país televisado. Las propuestas llegan después de que más de 100,000 personas manifestaran en Santiago el mes pasado para exigir el cambio.

La indignación es fácil de entender. Si bien el sistema instrumentado en 1981 elevó el ahorro en el país, apuntaló la expansión de los mercados de capital y alimentó más de 30 años de crecimiento económico, fracasó en un aspecto central: las pensiones que paga son muy malas.

Los chilenos reciben una pensión promedio equivalente al 38% de su último ingreso, el nivel más bajo entre los 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos después de México. Los fundadores del sistema habían indicado que equivaldría a cerca del 70%.

“Tenemos que crear un sistema solidario que no deje todas las responsabilidades en manos de la persona y luego la abandone”, dijo Bachelet.

Panacea.
Las propuestas marcan un cambio de actitud ante un sistema que muchos economistas consideraron una panacea en la década del 1990, conforme el envejecimiento de la población amenazaba con arruinar los sistemas tradicionales de aportes.

El sistema se copió, por lo menos en parte, en países como Perú, Colombia y México, y recibió los elogios de candidatos republicanos en los Estados Unidos. Contribuyó a hacer del gobierno chileno el único acreedor neto de las Américas y generó un nivel de ahorro similar al de los tigres asiáticos. Pero ha resultado ser una carga muy pesada para el ciudadano común de Chile, que siente que en su vejez se ve abandonado por un gobierno que tiene más de US$ 20,000 millones en fondos de riqueza soberana.

“Las primeras generaciones que trabajaron con ese modelo comienzan a retirarse ahora y se dan cuenta de que sus pensiones están muy por debajo de lo prometido”, dijo Claudia Sanhueza, economista y miembro de un Comité de Pensiones presidencial que propuso cambios al sistema.

“El sistema se impuso durante la dictadura y constituyó una forma simple de separar al Estado de una parte tan importante del gasto fiscal”, dijo Sanhueza. “Dados sus orígenes y los resultados, el sistema no tiene legitimidad”.