(Reuters) La Asamblea Nacional de Venezuela designó a 13 magistrados del máximo tribunal del país, cuando faltan apenas días para que la oposición asuma el control del poder legislativo tras ganar dos tercios de los escaños.

El nombramiento fue criticado como viciado y apresurado por los opositores al Gobierno socialista.

Desde que perdió las elecciones parlamentarias a principios de diciembre, el oficialismo chavista ha apurado la aprobación de leyes, presupuestos adicionales para ministerios y nombramiento de funcionarios antes de que el 5 de enero asuma la nueva Asamblea dominada por la oposición.

Los adversarios del presidente Nicolás Maduro argumentan que con el nombramiento de los 13 magistrados principales y 21 suplentes el oficialismo se ha saltado los plazos y canales regulares, por lo que no descartan buscar la nulidad de las designaciones en el próximo período parlamentario.

“Este es un acto írrito y sus efectos son nulos por ser violatorios de la Constitución”, dijo el diputado opositor reelecto Alfonso Marquina.

Los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrán entre sus funciones declarar si existe mérito para el enjuiciamiento del presidente, vicepresidente, ministros, diputados, diplomáticos y demás funcionarios.

Además, son los encargados de dirimir controversias entre los poderes públicos y tienen la potestad de vetar leyes aprobadas por la propia Asamblea Nacional.

“Se ha cumplido estrictamente, de acuerdo a la Constitución, con todos los lapsos establecidos”, dijo el diputado oficialista Elvis Amoroso.

El TSJ está compuesto por 32 magistrados en seis salas.

Justicia cuestionada
Políticos opositores sostiene que los 34 nuevos magistrados del TSJ, cuyo período vencía recién en diciembre de 2016, fueron obligados a renunciar para que la Asamblea que asumirá no nombrara los nuevos jueces.

El plazo para impugnar las postulaciones cerró el miércoles, pero, según los opositores, se debió seguir un proceso de evaluación que tomaría hasta enero por lo que no se debió designar los cargos antes.

Ex magistrados habían impugnado la semana pasada la gran mayoría de las casi 400 postulaciones recibidas.

La Constitución venezolana establece que los miembros de los poderes públicos deben ser nombrados con la aprobación de los dos tercios del parlamento, pero argucias legales permitieron al oficialismo hacerlo con mayoría simple.