(AFP) Perú contratará a un equipo de abogados en Estados Unidos para que conduzca el pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo, requerido por la justicia por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, informó el gobierno.

“Ya hemos evaluado la posibilidad de contratar abogados, ya tenemos los tres nombres (de los estudios) que le vamos a proponer al Consejo de Defensa Jurídica del Estado”, dijo la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, al canal N televisión.

“Se están haciendo las coordinaciones a través de Cancillería, son tres estudios en Estados Unidos. Son del mejor nivel y tienen la experiencia en esto. Estamos seguros que el proceso dará los resultados esperados”, indicó.

Pérez Tello aseguró que una captura a nivel internacional no funciona igual en Estados Unidos en comparación a Chile, desde donde Perú también extraditó al expresidente Alberto Fujimori.

“Allá (en Estados Unidos) una orden de alerta roja de Interpol no es una detención automática, sino que debe pasar primero por una corte para ordenar la detención”, explicó.

Además, Toledo “es un residente (tiene visa de residencia), por lo que es necesario remitir los documentos al homólogo del ministerio de Justicia estadounidense”, preciso.

Toledo reapareció públicamente el martes durante un foro de Naciones Unidas en Nueva York sobre asociaciones público-privadas. El hecho provocó el reclamo de la cancillería de Perú ante la delegación permanente de Surinam, que organizó el evento e invitó al exmandatario.

La fiscalía peruana acusa a Toledo por tráfico de influencias y lavado de activos. Según ha reconocido Odebrecht en un acuerdo con la justicia de Perú, se pagaron al entonces presidente Toledo US$ 20 millones para ganar la concesión de la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

Sobre Toledo pesan dos órdenes para extraditarlo desde Estados Unidos: una específicamente por el caso Odebrecht y otra por el caso Ecoteva, nombre de una firma offshore que se abrió en Costa Rica para presuntamente lavar el dinero del soborno, y con el que el exgobernante compró propiedades, según la fiscalía.

El exmandatario (2001-2006) ha negado los cargos y se ha declarado perseguido político. Estados Unidos aún evalúa la solicitud de detención y posterior extradición, según las autoridades peruanas.

Odebrecht admitió que pagó US$ 29 millones en Perú para ganar la licitación de obras públicas entre 2005-2014, período que comprende los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala