Actualmente el Gobierno de Michelle Bachelet atraviesa una de sus crisis políticas más fuertes de su mandato por los recientes escándalos de corrupción, que involucran desde altos funcionarios públicos hasta su propio hijo.
Por esta razón, el profesor de CENTRUM, Jorge Luis Daly, brinda un profundo análisis de lo que está ocasionando en Chile y las consecuencias que podría traer si el Gobierno no actúa de manera correcta.
¿Cuál es su opinión sobre el reciente escándalo financiero en Chile, el caso Penta?
Desde hace varios años Chile, junto a Uruguay y Costa Rica, es calificado como un país donde los índices de corrupción son los más bajos de América Latina. Además, sus indicadores lo sitúan por encima de varios países europeos que son miembros de la OECD. Esto no es poca cosa. Es reflejo, en términos generales, de la presencia de una institucionalidad sólida que ha sido su tradición desde hace mucho tiempo.
El caso Penta estigmatiza esta tradición. Aquí no se trata del comprobado cohecho del ex presidente Pinochet quien, aprovechando de sus poderes dictatoriales, se enriqueció ilícitamente con la compra de armas. No, aquí se trata de una empresa muy importante del país cuyos dueños están vinculados a uno de los partidos más importantes, la Unión Democrática Independiente (UDI), que fue un puntal político del pasado gobierno de Sebastián Piñera.
La empresa usó su acceso para sobornar a funcionarios de Rentas Internas (nuestra SUNAT) a fin de obtener devoluciones indebidas de impuestos. También se giraron facturas falsas por honorarios a nombre de familiares de altos funcionarios de la firma. Y todo con el propósito de financiar las campañas electorales de los políticos de la UDI.
Penta entonces representa un caso bien montado de corrupción, un esquema sofisticado de defraudación al fisco chileno. Es un caso que ilustra el alcance del poder económico sobre la esfera política del país, de cómo grupos económicos en el sector privado tienen la disposición de prostituir a funcionarios públicos para beneficio propio.
No es el primer escándalo, anteriormente se descubrió cobros indebidos a clientes de una gran cadena chilena. ¿Cómo esta impactando eso en el mercado chileno?
No hay mayor evidencia hasta el momento de que este escándalo esté afectando a la economía chilena.
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Chile es citado como ejemplo, ¿qué cree que está pasando actualmente?
Es aún prematuro para determinar si el caso Penta representa un punto de quiebre. Pero no nos limitemos a Penta. Es necesario también resaltar el caso Caval que involucró al primogénito de la presidenta Bachelet y que ocasionara su renuncia de un alto puesto en el gobierno. Aunque distinto, este caso también ilustra el aprovechamiento de posiciones o acceso al poder político para beneficio privado. La población, con justa razón, lo observa como una conducta reñida con la ética.
El caso Caval puede incluso ser potencialmente más serio que el caso Penta porque la popularidad de la presidenta Bachelet se ha desplomado. Su capital político se ha depreciado notablemente y, por tanto, su capacidad para instrumentar las reformas que formaron el eje de su campaña, se ha mermado. Así como la agenda del presidente Piñera 2010 fue severamente constreñida por la necesidad de reconstruir las zonas afectadas por el terremoto, es también probable que la presidenta cargue con el caso Caval durante el resto de su mandato.
¿Puede despertar preocupación sobre la manera de actuar de todos los agentes financieros en ese país?
La preocupación sobre la manera de actuar de todos los agentes financieros en ese país se daría solamente si el manejo político de estos escándalos es torpe, vale decir, solamente si los casos de corrupción se conviertan en campos de batalla donde “todo vale” para los políticos. Y ese sería un escenario de polarización política que, en el caso de Chile de los últimos 25 años, ha sido más una excepción que la regla.
El sistema regulatorio chileno ha sido tomado como ejemplo en otros países como Perú, sin embargo hay cosas que se deben mejorar, ¿cómo es que Chile lo está planeando hacer?
Chile es prueba que en estos tiempos ningún país está inmune a la erosión de sus instituciones y de sus valores sociales por acción de conductas corruptas en su sector privado. Pero siempre hay una lección positiva que aquí en el Perú podemos extraer. Me limito a citar dos. La primera es que funcionarios de la alta gerencia de Penta y personajes de altos cargos del gobierno de Piñera están en la cárcel.
La segunda es que la presidenta Bachelet está presentando proyectos de ley para “marcar la cancha” de lo que es permisible y de lo que no lo es en las relaciones público – privado. Me imagino que esto va a incluir a las funciones de los lobbies y al financiamiento de las campañas electorales. Nada más saludable para un país que se ha enriquecido rápidamente pero donde la desigualdad todavía es notable.